Nacional

“LA LIBERTAD PARA AGRAVIAR”

Por Alvaro Morales de León

En Colombia cada día se habla más de la necesidad de respetar la llamada “Libertad de Prensa”, así, a gritos, lo reclama tanto la Flip – Fundación Para La Libertad de Prensa –como también lo hacen los medios de comunicación de todos los ámbitos de este país.

Unos y otros, reclamado libertad de prensa, invocan e interpretan de manera sesgada el artículo 20 de nuestra Constitución Política, el que establece que: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones”, pero ignoran y acomodan a su conveniencia lo que continúa expresando dicho artículo constitucional, que sigue diciendo que la libertad de expresión siempre deberá ir acompañada del recibo y difusión de una información veraz e imparcial.

En ninguna parte de nuestro orden legal y constitucional se dice que se conceden derechos a los medios de comunicación para agraviar, injuriar, calumniar, difamar y desprestigiar a la persona, gobernante o entidad que no sea de sus afectos políticos ni de sus afectos personales o económicos.

Pero, ¿qué se puede esperar de conglomerados económicos de Colombia que además de ser grandes inversionistas en la industria, en el comercio y hasta en el sector financiero, son dueños de los más grandes medios de comunicación a través de los cuales, unas veces, distorsionando la verdad, y otras, ocultándola, de acuerdo a sus conveniencias, han pretendido direccionar la opinión de la ciudadanía?

¿Qué se puede esperar de estos conglomerados económicos, dueños del capital, en cuanto a informar con neutralidad, imparcialidad y honestidad cuando sus simpatías van en dirección opuesta a las políticas del gobierno del presidente Petro? La respuesta es de manera indiscutible, esperamos muy poca verdad, muy poca imparcialidad y muy poca honestidad. 

Creemos que por lo menos, durante este gobierno progresista, este gobierno del Cambio, lo que se continuará leyendo, escuchando y viendo a través de los medios que están en manos de grandes capitalistas, aliados de la ultraderecha colombiana, será de muy poca imparcialidad y casi nada neutralidad política.

Emporios económicos defensores del capital y de idearios políticos contrarios a este gobierno no descansarán en sus intentos y estrategias de ataques que buscan distraer al gobernante, “enredarlo”, incomodarlo, desprestigiarlo, y por qué no decirlo, hasta “tumbarlo”.

Así ha sido el constante accionar en este primer año de gobierno por parte del Grupo Aval, de propiedad del multimillonario Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del periódico “El Tiempo”; del Grupo Gilinski, otro poderoso conglomerado económico colombiano dueño de la “Revista Semana” y del periódico “El Heraldo”, de Barranquilla; de los Santodomingo, el más antiguo y poderoso grupo económico de Colombia, dueño del canal Caracol y de Blu-Radio; y del grupo Ardila Lulle, dueño de los canales RCN, NTN24 y de las más de 150 emisoras de la cadena radial RCN. Todo esto sin dejar por fuera al Grupo Prisa, la transnacional española dueña de la doble W radio y de la emisora Caracol Radio, donde habla Gustavo Gómez Córdoba.

La doble W tiene una sección titulada “Al oído con Catalina”, dedicada exclusiva y diariamente a darle “clavo” al Presidente y a su equipo de gobierno; por otra parte “Semana” se dedica semanalmente a publicar notas del Presidente y del gobierno que sólo buscan crear una opinión adversa al mandatario, o deslegitimarlo, no importando si es la vida personal del Presidente y su familia, y no importando si tienen pruebas o evidencias serias sobre lo que publican.

Recientemente Caracol Televisión, el Canal de los Santodomingo, dio a conocer una información, sin pruebas suficientes, sobre una presunta financiación de su Campaña Política por parte de un mafioso de Yopal en el Casanare, información a la que el Presidente, por no ser cierta, pidió retractación al Canal de TV.

¿Será que en una campaña política, donde todos quieren saludar y abrazar al candidato, y hasta tomarse fotos o hacerse videos con él, habrá que pedirle la cedula a las personas que quieren hacerlo o pedirle su pasado judicial? ¿O si se entra a una vivienda o apartamento habrá que pedirle al anfitrión el Registro de Tradición y Libertad y el origen de los recursos para haberla adquirido?

Finalmente, frente a esta forma de actuar de estos medios de comunicación en Colombia me acuerdo de aquel refrán que dice: “verdaderamente que el ojo no mira “pa´dentro”

#notiiasvital

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