EL COSTO DE LA GUERRA DE ABELARDO
Por Álvaro Morales de león
La guerra tiene un precio, y en el Caribe colombiano ya comenzó a pasar una factura que no están pagando exclusivamente los grupos armados ilegales, sino, paradójicamente, los iudadanos de bien. Los comerciantes, transportadores, hoteleros, trabajadores, nada por la violencia.
La ofensiva militar del Gobierno de Abelardo de la Espriella contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que dejó entre sus resultados la muerte de lias ‘Cholo’ y otros integrantes de esa organización, desató una nueva escalada de intimidaciones y un paro armado de 48 horas que ha golpeado especialmente a Santa Marta y su área de influencia.
Nadie sensato puede cuestionar la obligación del Estado de combatir a las organizaciones criminales que extorsionan, amenazan y someten a las comunidades. Lo que sí merece un profundo cuestionamiento es que, después de los golpes militares, sean los ciudadanos quienes terminen confinados por el miedo, mientras los violentos pretenden demostrar que todavía tienen capacidad para imponer sus condiciones.
Santa Marta, uno de los principales destinos turísticos de Colombia, enfrenta una situación particularmente preocupante. Las amenazas, los bloqueos y el temor a nuevos hechos violentos han afectado la movilidad y la actividad comercial, mientras el sector turístico comienza a sufrir cancelaciones y aplazamientos de reservas.
En La Guajira, los empresarios del turismo también reportaron afectaciones preliminares cercanas al 30 % en cancelaciones y solicitudes de aplazamiento.
¿Quién responde por esas pérdidas? ¿Quién les devuelve a los hoteleros las reservas canceladas, a los comerciantes las ventas perdidas y a los trabajadores el ingreso que dejaron de recibir? ¿Quién compensa al pequeño empresario que debe cerrar su negocio, no porque quiera, sino porque teme que las amenazas se conviertan en tragedia?
El impacto tampoco se detiene en Santa Marta. Riohacha, Valledupar, poblaciones intermedias y hasta Barranquilla sienten la zozobra que se extiende por los corredores de ovilidad y las actividades económicas de la región.
El transporte se resiente, el comercio pierde dinamismo y la incertidumbre termina convirtiéndose en un visitante indeseado que ahuyenta al turista y paraliza la vida cotidiana.
A esta factura económica se suma otra, menos cuantificable, pero igualmente dolorosa: la alteración de la vida familiar, la interrupción de actividades escolares y la angustia de padres que deben preguntarse si sus hijos pueden asistir tranquilamente a clases.
Ninguna estrategia de seguridad puede considerarse plenamente exitosa si la población termina encerrada en sus casas, temiendo salir a trabajar, estudiar o ganarse el sustento.
El presidente De la Espriella ha respondido con militarización, refuerzos de seguridad y
nuevas medidas contra la estructura criminal. Son decisiones que deben evaluarse por sus
resultados concretos: recuperar el control territorial, garantizar la movilidad y devolverles la
tranquilidad a las comunidades, no solamente por la contundencia de los anuncios
presidenciales.
Porque dar de baja a cabecillas no equivale, por sí solo, a derrotar una organización criminal. Si cada golpe militar viene seguido de represalias que paralizan ciudades, intimidan comerciantes y destruyen la confianza turística, el Estado tiene que revisar, fortalecer y complementar su estrategia.
La seguridad no puede medirse únicamente por los resultados de los operativos, sino ambién por la libertad con que vive la gente.
Abelardo tiene el deber de combatir a los violentos, pero también la obligación de impedir ue el Caribe colombiano termine pagando, con desempleo, pérdidas y miedo, el costo de una guerra que no provocaron sus ciudadanos.
