En información revelada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó, mediante la Resolución 94169 de 2025, la operación de integración empresarial entre Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Tigo Colombia) y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar), sujeta al cumplimiento de una serie de condicionamientos regulatorios y administrativos. La decisión fue firmada por la superintendente Cielo Elainne Rusinque Urrego.
Según el documento, “el incumplimiento de los condicionamientos dará lugar a las sanciones previstas en la Ley 1340 de 2009 y demás disposiciones concordantes con la materia, incluyendo la eventual reversión de la operación”. Entre las condiciones impuestas se encuentra la devolución efectiva del espectro radioeléctrico asignado a las empresas intervinientes, cuya verificación estará a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
La resolución también ordena notificar a las compañías involucradas, publicar la versión pública del acto administrativo en el sitio web de la SIC y comunicarlo a entidades como la Agencia Nacional del Espectro, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el propio MinTIC.
Esta integración, sumada a la participación de Claro, consolidará una concentración significativa en el mercado de telecomunicaciones colombiano. Según estimaciones del sector, Claro, Movistar y Tigo controlarán cerca del 90 % del negocio, lo que ha generado observaciones por parte de otros actores como ETB, WOM, DIRECTV y la Asociación Colombiana de Usuarios de Internet, quienes presentaron comentarios durante el proceso de evaluación.
La SIC indicó que “las observaciones recibidas fueron consideradas en el análisis técnico de la operación”, y que se aplicarán mecanismos de seguimiento conforme al artículo 22 de la Ley 1340 de 2009, incluyendo el pago de contribuciones por parte de las empresas integradas.
La resolución se enmarca en las facultades legales de la Superintendencia para autorizar operaciones de concentración económica, siempre que no generen restricciones indebidas a la competencia. El acto administrativo establece que contra la decisión procede recurso de reposición, el cual podrá presentarse dentro de los diez días siguientes a su notificación.
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