Colombia necesita aumentar 65% su capacidad eléctrica instalada para 2032, advierten Gobierno y agentes del sector

Colombia deberá ampliar su capacidad instalada de generación eléctrica hasta alcanzar 36,7 gigavatios (GW) en 2032, un incremento del 65% frente a la capacidad actual. La meta se planteó durante la instalación de la edición número 31 del Congreso de Energía MEM, que comenzó este miércoles 14 de octubre en Cartagena y reúne al Gobierno Nacional, las autoridades reguladoras y los agentes del mercado para analizar los desafíos del abastecimiento, la infraestructura y la sostenibilidad financiera del sector.

Durante la apertura del encuentro, representantes del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Consejo Nacional de Operación (CNO) y el Comité Asesor de Comercialización (CAC) coincidieron en la necesidad de acelerar las inversiones, atender los retrasos en los proyectos de generación y transmisión y fortalecer las condiciones financieras de la cadena eléctrica.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, presentó un diagnóstico sobre la situación del sistema y sostuvo que los problemas actuales requieren medidas que permitan responder tanto a las necesidades inmediatas de suministro como a los requerimientos de expansión de los próximos años.

“El sector eléctrico que heredó este Gobierno no tiene un problema pasajero: tiene un problema estructural”, afirmó la funcionaria.

Entre los aspectos expuestos por la ministra se encuentra una cartera de $4,63 billones en el Mercado de Energía Mayorista, así como la situación financiera de Air-e, empresa que pasó de registrar un patrimonio positivo de $2,22 billones en 2023 a uno negativo, según los datos presentados durante el evento.

A este panorama se suman las condiciones de abastecimiento de gas natural. De acuerdo con el diagnóstico expuesto por Arboleda, Colombia cuenta con reservas de gas para 5,9 años y enfrenta un riesgo de déficit a partir de febrero de 2027. La ministra también señaló que cerca del 30% de la demanda nacional de gas se atiende con producto importado.

En materia de infraestructura, indicó que seis de cada diez proyectos de transmisión presentan retrasos y que el país registra un déficit de energía firme del 8,3% para el periodo 2026-2027. Además, señaló que han ingresado al sistema 4.475 GW de nueva generación, equivalentes al 16,4% de la capacidad prevista para 2026.

Las cifras fueron presentadas en un contexto marcado por el crecimiento de la demanda eléctrica, la recuperación de los embalses y los tiempos de ejecución de los proyectos necesarios para ampliar la oferta de energía. Frente a estas condiciones, el Gobierno planteó la necesidad de avanzar en nueva infraestructura de generación y transmisión, mejorar la gestión del suministro y adoptar para atender las necesidades del mercado.

Durante su intervención, el Ministerio también anunció recursos por $1,9 billones destinados a proteger la prestación del servicio y fortalecer la liquidez del sector. La presentación de estos recursos se enmarcó en las medidas que buscan atender las obligaciones financieras de la cadena eléctrica y respaldar la continuidad del suministro.

El Gobierno señaló que, mediante el Plan Energía Ya, busca fortalecer la liquidez, asegurar el abastecimiento, monitorear el comportamiento de la demanda y asignar nueva capacidad de generación, además de impulsar proyectos de transmisión.

Para alcanzar los 36,7 GW de capacidad instalados previstos para 2032, los participantes del Congreso identificaron varios frentes de trabajo: agilizar los trámites ambientales y las consultas previas, facilitar las conexiones de los proyectos, modernizar las redes eléctricas y generar condiciones regulatorias que permitan atraer inversiones.

También se planteó la incorporación de sistemas de almacenamiento, generación distribuida y herramientas digitales para mejorar la operación del sistema y responder a las variaciones de la demanda.

En la instalación del Congreso, el presidente del Consejo Nacional de Operación, Germán Caicedo Beltrán, propuso establecer una agenda común para la confiabilidad del sistema durante el periodo 2026-2030. La propuesta contempla medidas inmediatas para afrontar el próximo período de bajas lluvias y compromisos de mediano plazo para reducir los riesgos de abastecimiento.

“La meta es simple: que ningún colombiano se queda sin energía por una decisión que no tomamos a tiempo”, señaló Caicedo.

El presidente del CNO identificó como asuntos por resolver los retrasos en proyectos de generación y transmisión, las dificultades en el abastecimiento de gas y las obligaciones pendientes en la cadena de pagos. Según se explicó, estos factores deben abordarse mediante acciones coordinadas entre las autoridades, los operadores y las empresas que participan en el mercado.

Para los próximos 180 días, el CNO propuso cuatro líneas de trabajo. La primera consiste en aprovechar toda la oferta de energía disponible; la segunda, preservar las reservas hídricas mediante una mejor coordinación operativa; la tercera, fortalecer la respuesta de la demanda y los incentivos al ahorro; y la cuarta, actualice las reglas aplicables a situaciones de escasez.

En este último punto, Caicedo planteó revisar el Estatuto de Racionamiento, vigente desde 1998, con el propósito de actualizar los mecanismos previstos para responder a escenarios en los que la disponibilidad de energía no sea suficiente para atender los requerimientos del sistema.

La agenda propuesta por el CNO también incluye compromisos para el mediano y largo plazo. Entre ellos se encuentran establecer un calendario previsible de subastas de energía firme, fortalecer la seguridad del suministro de gas y reducir los tiempos asociados a licencias, consultas previas y conexiones de nuevos proyectos.

A estas medidas se suma la necesidad de avanzar hacia reglas de mercado que incorporan el almacenamiento, los servicios complementarios y un mercado intradiario. Estas herramientas, de acuerdo con los planteamientos presentados, permitirían adaptar la operación comercial a las necesidades del sistema y los cambios en la disponibilidad de los recursos energéticos.

El saneamiento financiero también forma parte de la agenda del CNO. La propuesta contempla el pago oportuno de las obligaciones estatales, una fuente estable de financiación para los subsidios y mecanismos de garantía que permitan proteger la cadena de pagos entre los agentes.

La situación financiera del sector fue abordada igualmente por el presidente del Comité Asesor de Comercialización, Miguel Ángel Castellanos, quien señaló la importancia de asegurar los recursos para cubrir los subsidios y respaldar a las empresas que invierten en la recuperación y el mantenimiento de la calidad del servicio.

Durante su intervención, Castellanos indicó que la sostenibilidad financiera de las compañías está relacionada con su capacidad para mantener la operación, ejecutar inversiones y atender a los usuarios, en particular en las zonas donde existen dificultades en la prestación del servicio.

El representante del CAC también planteó la necesidad de atraer capital, promover la competencia y facilitar el desarrollo de energías limpias para avanzar en la transición energética, teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras del país.

La discusión sobre las condiciones financieras del mercado se vinculó con los requerimientos de expansión de la infraestructura. La disponibilidad de recursos para ejecutar proyectos, atender las obligaciones pendientes y mantener la operación de las empresas constituye uno de los asuntos que las autoridades y los agentes deberán resolver para respaldar el crecimiento de la capacidad instalada.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Adriana Jiménez, centró su intervención en la necesidad de adaptar las reglas del mercado a las condiciones operativas del sistema eléctrico y facilitar la incorporación de nuevas fuentes de generación y tecnologías.

Entre los temas abordados por la CREG se encuentran los mecanismos para incorporar nueva capacidad de generación, aprovechar los excedentes de energía, facilitar la participación de los sistemas de almacenamiento y fortalecer la respuesta de la demanda.

Jiménez también se refirió a la relación entre los mercados de gas natural y electricidad, al señalar que la seguridad del abastecimiento requiere coordinación entre ambos.

«La confiabilidad eléctrica no se resuelve solo con energía. Coordinar dos mercados, gas y energía, es una condición de confiabilidad», afirmó la directora ejecutiva de la CREG.

La intervención puso de aliviar la relación entre la disponibilidad de gas natural para la generación térmica y el funcionamiento del mercado eléctrico. En ese contexto, la coordinación entre los dos mercados forma parte de las medidas regulatorias planteadas para atender las necesidades de suministro.

La modernización de la comercialización fue otro de los asuntos incluidos en la agenda regulatoria. Según lo expuesto durante la instalación, la medición inteligente y la disponibilidad de información horaria pueden facilitar una mayor participación de los usuarios, el desarrollo de mecanismos de respuesta de la demanda y nuevas condiciones de competencia en el mercado minorista.

Estas herramientas permitirían contar con información más detallada sobre el consumo y ampliar las posibilidades de participación de los usuarios en mecanismos que contribuyen a gestionar la demanda. Su desarrollo se suma a los cambios regulatorios que buscan adaptar el funcionamiento del mercado a las nuevas condiciones de operación.

Los planteamientos presentados durante la apertura del Congreso reflejan la coincidencia entre las autoridades y los representantes de los agentes en torno a la necesidad de atender los riesgos de abastecimiento, ampliar la infraestructura y resolver los problemas financieros que afectan a la cadena eléctrica.

El aumento de la capacidad instalada hasta 36,7 GW en 2032 representa uno de los principales objetivos de expansión del sistema. Para avanzar hacia esa meta, el país deberá incorporar nueva generación, desarrollar proyectos de transmisión y establecer condiciones que permitan ejecutar las inversiones dentro de los plazos requeridos.

Al mismo tiempo, la situación del suministro de gas, el déficit de energía firme señalado para 2026-2027 y los retrasos en proyectos de transmisión mantienen la atención sobre las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de energía en el corto plazo.

La discusión también incluye la gestión de los recursos hídricos, los mecanismos para responder a periodos de escasez y la participación de los usuarios en la administración de la demanda. Estos asuntos se relacionan con la preparación del sistema frente a las variaciones climáticas y con la necesidad de coordinar los recursos disponibles para atender el consumo.

El Congreso de Energía MEM se desarrollará hasta el 16 de octubre en Cartagena. Durante las jornadas, los participantes analizarán la operación del sistema eléctrico, la evolución de los mercados mayorista y minorista, la expansión de la infraestructura, los cambios regulatorios, la innovación tecnológica y los riesgos climáticos.

Las discusiones buscarán abordar las medidas que deberán adoptar el Gobierno, los reguladores y las empresas para atender las necesidades de suministro y avanzar en la ampliación de la capacidad eléctrica del país durante los próximos años.