Aseguradoras pagaron $14,38 billones al junio y Fasecolda propone seguro para catástrofes

Las aseguradoras colombianas pagaron $14,38 billones en reclamaciones durante los primeros seis meses de 2026, según cifras presentadas este 30 de septiembre por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) en el marco de la Convención Internacional de Seguros 2026, que se realiza en Cartagena de Indias. El monto es cercano a los $15,6 billones que el Gobierno nacional presupuso para inversión pública en el sector transporte durante todo el año, recursos destinados al desarrollo, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del país, incluidas las vías.

El gremio indicó que esos pagos llegaron a hogares que recuperaron parte de su patrimonio, a empresas que continuaron operando ya personas que recibieron indemnizaciones por situaciones económicas que afectarán su salud, sus ingresos o su estabilidad.

Entre junio de 2022 y junio de 2026, la penetración del seguro en Colombia pasó de 2,86 % a 3,12 %. Según Fasecolda, el avance ha sido lento y el país sigue lejos del nivel de los países de la OCDE, donde el indicador se ubica en 6,2 %. En ese mismo período la economía creció 7,9% acumulado, mientras que las primas emitidas aumentaron 18% en términos reales. El gasto promedio anual por habitante en seguros fue de $1.120.643.

Por ramos, los mayores crecimientos porcentuales en primas emitidas se registraron en seguro previsional (26 %), salud (21 %), riesgos laborales (16 %), cumplimiento (14 %) y vida grupo y colectivo (12 %).

El presidente ejecutivo de la federación, Gustavo Morales, vinculó estas cifras con la conmemoración de los 50 años del gremio. “Desde Fasecolda se propone avanzar hacia un modelo que permita al país anticiparse financieramente a los grandes riesgos, ampliar las posibilidades de aseguramiento y reducir la vulnerabilidad económica de los colombianos”, señaló.

El balance presentado en la convención incluye una sección sobre el terremoto del 10 de agosto. Con corte al 25 de septiembre, el valor asegurado asociado a los siniestros reportados asciende a $5,75 billones, $250 mil millones más que en el reporte de la semana anterior. Desde el sismo, las aseguradoras han recibido 92.336 reclamaciones y han pagado casi $401 mil millones en indemnizaciones, de acuerdo con Fasecolda. Las cifras fueron presentadas por la industria al presidente Abelardo de la Espriella durante una reunión en la que expuso sus estimaciones preliminares sobre el impacto del evento.

El ramo de Terremoto concentra 54.430 siniestros avisados, con reservas estimadas en $4,79 billones y pagos por $332.266 millones. Le siguen Hogar, con 19.245 siniestros y reservas por $560.568 millones, e Incendio, con 13.088 siniestros y reservas por $278.059 millones. El gremio reportó 483 municipios y 31 departamentos afectados, y señaló que más de 140 firmas de ajustadores trabajan en la evaluación técnica de los bienes y en la cuantificación de las pérdidas. Entre los departamentos con más reclamaciones figuran Valle del Cauca (37.679 siniestros), Risaralda (19.706) y Quindío (10.920).

Morales se refirió al papel del seguro en este tipo de eventos. “El seguro demuestra así su papel como mecanismo de transferencia de riesgos: cada peso que corresponde a un daño cubierto por una póliza es un recurso que puede provenir del sistema asegurador y sus mecanismos de reaseguro, reduciendo la presión que una catástrofe de esta magnitud puede ejercer sobre las familias, las empresas y las finanzas públicas”, afirmó.

La federación informó que en Colombia hay 2,68 millones de inmuebles asegurados contra terremoto, con un valor asegurado cercano a $2,582 billones. Solo alrededor del 9,3 % de las viviendas del país cuentan con algún seguro de hogar.

En ese contexto, Fasecolda propone crear un programa público-privado de aseguramiento frente a riesgos catastróficos. El esquema articularía las capacidades del Estado, las aseguradoras y el mercado reasegurador internacional. Bajo esta propuesta, las aseguradoras privadas asumirían los riesgos que estén en capacidad de cubrir y el Estado mantendría un papel frente a aquellos que, por su naturaleza o magnitud, exceden las posibilidades del mercado. La iniciativa también contempla fortalecer la información sobre exposición y vulnerabilidad de los territorios, promover infraestructuras públicas y privadas más resilientes y desarrollar soluciones de aseguramiento que faciliten la disponibilidad de recursos después de una catástrofe.

En materia regulatoria, el gremio planteó la necesidad de disposiciones prudenciales, contables, tributarias y corporativas que responden a la naturaleza del negocio asegurador y no trasladen de forma automática exigencias diseñadas para otros sectores. Fasecolda sostiene que el seguro administra riesgos que pueden materializarse en el largo plazo y que exige mantener recursos suficientes para responder por las obligaciones con los asegurados. En ese escenario, identificó la implementación de la Norma Internacional de Información Financiera 17 (NIIF 17) y la evolución de los esquemas de regulación prudencial y solvencia como desafíos técnicos, operativos y financieros para la industria.

El comunicado también incluye datos macroeconómicos. El PIB nacional creció 2,9 % en el primer semestre de 2026 y 3,5 % en el segundo trimestre frente al mismo período de 2025. Las actividades financieras y de seguros crecieron 3,6 % en el semestre, por encima del promedio de la economía, y el sector asegurador registró una expansión de 3,2 % en el segundo trimestre.

Fasecolda agregó que la inteligencia artificial, los avances en medicina personalizada, las amenazas cibernéticas y la transición energética están modificando las necesidades de protección de personas, empresas y gobiernos, y que la industria deberá adaptar sus productos y capacidades tecnológicas. Estos temas, junto con la protección frente al cambio climático, la gestión de riesgos catastróficos y la inclusión financiera, harán parte de las discusiones de la Convención Internacional de Seguros 2026.