A Dios rogando y con el mazo dando
Por Álvaro Morales de León
El balance inicial del gobierno de Abelardo de la Espriella despierta una inquietud profunda:
detrás de la promesa de restaurar el orden parece abrirse paso una concepción autoritaria
de la seguridad, la economía y la vida pública.
Colombia conoce demasiado bien el costo de convertir el miedo en política de Estado. Por
eso, cada decisión debe ser examinada no solo por su popularidad inmediata, sino por sus
consecuencias sobre la democracia, los derechos humanos y la convivencia nacional.
El anuncio de los llamados bloques de defensa para la seguridad urbana genera una alarma
inevitable. La memoria del país no puede ignorar la experiencia de las Convivir, estructuras
que, bajo el discurso de la colaboración ciudadana, terminaron asociadas con el
fortalecimiento del paramilitarismo y graves violaciones de derechos humanos.
Ninguna política de seguridad puede construirse sobre esquemas ambiguos de participación
armada o de delegación privada de funciones que corresponden exclusivamente al Estado.
En esa misma dirección preocupa la flexibilización del porte de armas. Presentarla como
una respuesta automática a la inseguridad supone que más armas producirán más
tranquilidad, cuando la experiencia demuestra que su proliferación eleva los riesgos de
homicidios, accidentes, violencia intrafamiliar y confrontaciones cotidianas. El Estado tiene
el deber de proteger a la ciudadanía, no de trasladarle la carga de defenderse por cuenta
propia.
La seguridad ciudadana no se mide por el número de personas armadas, sino por la
capacidad institucional para prevenir el delito y garantizar justicia.
También se desdibuja la anunciada austeridad. Un presupuesto con un déficit superior a los
60 billones de pesos, acompañado de mayor burocracia y recortes a la inversión social,
contradice frontalmente la retórica de campaña. Resulta especialmente grave que sectores
como la agricultura, el ambiente, la cultura y el deporte pierdan recursos mientras se
avalan incrementos salariales de alto nivel, como el asignado a Melba Rocío Pérez,
nombrada por él en la dirección del Fenoge (Fondo de Inversión de Energías No
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía) cuyo salario para ese cargo en 46.8
millones de pesos, se lo incrementó en el 32.2%, o sea, en 15 millones de pesos,
quedándole en 61.880 millones de pesos mensuales. La austeridad no puede ser un
sacrificio exigido a las mayorías mientras se preservan privilegios en la cúspide
administrativa. La propuesta de eliminar el impuesto al patrimonio profundiza esa contradicción. Renunciar cerca de cinco billones de pesos provenientes de quienes tienen mayor capacidad
económica abre un vacío fiscal que, tarde o temprano, será cubierto mediante nuevos
impuestos indirectos, menor inversión pública o recortes de programas sociales.
En un país marcado por una desigualdad histórica, la política tributaria debería distribuir
responsabilidades de manera progresiva, no proteger a los más ricos y trasladar el peso a
las clases medias y populares.
Las decisiones frente a la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto también
ameritan un escrutinio severo. La ayuda humanitaria no debería depender de afinidades
ideológicas. Rechazar el apoyo de rescatistas internacionales mientras familias buscan a
sus seres queridos bajo los escombros sería una muestra de insensibilidad incompatible con
la responsabilidad pública. En una tragedia, la prioridad debe ser salvar vidas, coordinar
capacidades y acompañar a las víctimas, no convertir el dolor colectivo en escenario de
disputas políticas.
Igualmente preocupan los gestos que trivializan la guerra: caminar entre cadáveres y
exhibir bajas militares como trofeos políticos degrada la dignidad humana y desconoce los
límites que impone el derecho internacional humanitario. La fuerza pública debe actuar con
firmeza, sí, pero también con legalidad, proporcionalidad y respeto por la vida.
Las directrices sobre el lenguaje tampoco son asuntos menores. Eliminar referencias a
“niños y niñas” o borrar la palabra “campesino” de las comunicaciones oficiales no es una
simple corrección de estilo. Las palabras reconocen sujetos, historias y derechos.
Invisibilizar a las niñas o diluir la identidad campesina puede traducirse en políticas públicas
menos sensibles a las desigualdades que viven esas poblaciones.
Finalmente, cerrar emisoras territoriales, restringir comunicaciones de funcionarios, relegar
la transición energética y anunciar el ingreso de la fuerza pública a las universidades
conforma un panorama inquietante. Colombia no necesita volver a los tiempos en que la
protesta estudiantil era respondida con balas. Necesita más democracia, más inversión
social y más garantías. Gobernar con el mazo puede parecer eficaz; hacerlo olvidando a
quién golpea, nunca será justicia. A Dios rogando y con el mazo dando.
