DE LA PAZ TOTAL A LA GUERRA TOTAL
Por Álvaro Morales de León
Colombia entra en una nueva etapa de su conflicto armado. Un mes después de la posesión de Abelardo de la Espriella, el país siente los efectos de una política opuesta a la Paz Total de Gustavo Petro. Con los violentos no se negocia; se les derrota.
La pregunta es necesaria: ¿puede alcanzarse la paz mediante la guerra? Petro apostó por negociar con guerrillas, disidencias y grupos ilegales. En muchas regiones, mientras se hablaba de paz, esas organizaciones se fortalecían, ampliaban territorios y economías legales, y continuaban sembrando terror. La Paz Total no produjo la paz total. Reconocer no haberla podido lograr, no significa concluir que la única alternativa sea una guerra sin límites.
De la Espriella encarna la visión contraria. Petro creyó que podía convencer o presionar a los violentos mediante el diálogo; el nuevo presidente parece convencido que la paz llegará cuando las armas estatales se impongan sobre las de sus enemigos.
Mientras ese debate avanza, la realidad habla con pólvora. Desde la posesión presidencial, l 7 de agosto, municipios colombianos han sufrido ataques con drones, bombas y rtefactos del ELN. Curumaní, Ábrego, Ocaña, Los Patios, Tibú, El Zulia, Convención, El armen, El Tambo, Patía, Pelaya y Pailitas integran esta nueva geografía de violencia.
El balance conocido registra seis muertos. Tres fallecieron en Ocaña, en un ataque atribuido al ELN contra el cantón militar de El Trapiche; hubo otras víctimas en Curumaní, Ábrego y Los Patios. La respuesta gubernamental ha sido anunciar una ofensiva más contundente. El Estado tiene el derecho y el deber de defender a los colombianos. Pero defender al país no implica que la guerra sea su única política.
La historia enseña que se han abatido comandantes, destruido campamentos, bombardeado guerrillas y desmovilizado estructuras, pero la guerra continúa. Un grupo desaparece y otro ocupa su territorio; un jefe cae y otro lo reemplaza; una desmovilización engendra disidencias, y la economía ilegal encuentra rutas nuevas.
La acción militar puede ser necesaria contra quienes atacan al Estado, pero convertirla en
fórmula exclusiva para alcanzar la paz es peligroso.
La decisión de De la Espriella de levantar la suspensión que impedía ejercer permisos vigentes de porte legal añade otra dimensión. El Decreto 1368 no autoriza un porte libre; conserva permisos y controles, pero devuelve eficacia al porte de quienes poseen utorización vigente. La medida es simbólica porque mientras de una parte el Estado anuncia una guerra más intensa, por otra se flexibiliza la posibilidad que ciudadanos
autorizados porten armas. El mensaje que se ha transmitido es: mayor capacidad de efensa ciudadana y más fuerza estatal frente al delincuente. Casi un paramilitarismo colectivo.
Sus partidarios celebrarán la legítima defensa. Sus críticos advertirán que Colombia, olpeada por la violencia armada, no necesita más armas circulando, sino menos violencia, más justicia y mayor capacidad estatal para proteger a la población.
Petro creyó que la paz llegaría mediante negociación; De la Espriella, mediante la derrota. El no logro de la Paz Total no convierte automáticamente a la Guerra Total en la respuesta correcta. Hay una diferencia entre ganar batallas y ganar la paz: pueden destruirse campamentos y perderse territorios; matar comandantes y surgir nuevos grupos; llenar cementerios sin llenar escuelas, hospitales y oportunidades negadas durante décadas.
La cuestión no es si el Estado debe combatir a los violentos, porque su deber es hacerlo. La regunta es si De la Espriella logrará mediante la guerra, la paz que Petro no consiguió egociar. Si no tiene esa respuesta, Colombia podría descubrir tarde que, tras el no logro de la Paz Total, se embarcó en algo peor: una Guerra Total sin paz al final del camino.
Como siempre, el precio lo pagarán los colombianos.
