CARF advierte deterioro fiscal en el Presupuesto General de la Nación 2027
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) analizó en detalle el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, que asciende a $635 billones, y concluyó que, aunque el documento reconoce de manera más realista las necesidades de gasto, también confirma un escenario fiscal crítico para el país. El incremento frente al proyecto inicial se explica principalmente por mayores recursos destinados a salud, pensiones, nómina pública, subsidios de energía y gas, universidades y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, además de un fuerte aumento en el servicio de la deuda, que crecería 54,7% y pasaría de representar 20,3% a 22,6% del PIB.
El CARF advirtió que el déficit primario proyectado para 2027 será de 4,5% del PIB, muy superior al 0,5% previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026 y cercano al escenario inercial que el propio Comité había anticipado. Este deterioro ocurre en el último año de aplicación de la cláusula de escape, lo que implica que el ajuste requerido para regresar a la senda de la Regla Fiscal en 2028 será más amplio y difícil de alcanzar. La deuda neta se ubicaría en 67,3% del PIB, un nivel cercano al límite legal, lo que incrementa los riesgos de sostenibilidad y credibilidad de la política fiscal.
El organismo también identificó riesgos adicionales que podrían agravar la situación: menores recursos programados para salud (unos $8,2 billones menos de lo requerido), presiones en pensiones por traslados al régimen público, reducción de subsidios de energía y gas en un contexto de posible fenómeno de El Niño, y mayores necesidades fiscales derivadas de la emergencia por el terremoto. “Preservar la sostenibilidad de la deuda requiere medidas de ajuste estructural, convincentes y permanentes”, señaló el Comité, que considera urgente definir una estrategia clara de consolidación fiscal con participación del Congreso y demás actores institucionales.
El CARF enfatizó que la combinación de déficits elevados, deuda cercana a su límite y presiones de gasto aún no cuantificadas deja un margen fiscal reducido para absorber nuevos choques. Bajo las condiciones previstas, estabilizar la deuda en 2028 requeriría un superávit primario superior al 2% del PIB, lo que evidencia la magnitud del desafío. En este contexto, el Comité insistió en que las medidas necesarias no pueden descansar en ajustes transitorios ni en aplazamientos presupuestales, sino en una política fiscal estructural que garantice credibilidad y sostenibilidad a largo plazo.
