La sombra en vía de extinción: Cartagena pierde sus árboles y se transforma en una caldera de cemento
Por: Angel Martinez Casanova
La promesa de sembrar 300.000 árboles en Cartagena de Indias convirtió la arborización urbana en uno de los compromisos ambientales más visibles de la administración del alcalde Dumek Turbay. Sin embargo, el verdadero examen de esa política no está en los anuncios ni en las fotografías de nuevas plantaciones, sino en el balance ambiental que la ciudad pueda demostrar. Si se siembran árboles mientras otros son talados sin que exista un crecimiento neto y verificable de la cobertura vegetal, la política pierde eficacia y la meta termina convertida en una cifra de comunicación pública. Cartagena necesita resultados, no simplemente metas ambiciosas.
El problema adquiere mayor dimensión en una ciudad sometida a fuertes presiones térmicas, urbanísticas y turísticas. De acuerdo con las cifras citadas en el planteamiento, el inventario consolidado del arbolado urbano del EPA Cartagena ronda los 58.500 ejemplares. Frente a este escenario, la administración distrital debería explicar con absoluta claridad cuál es la evolución real de la cobertura arbórea y qué está ocurriendo con los árboles maduros que desaparecen de distintos sectores. Alcalde Turbay: un árbol recién sembrado no reemplaza ambientalmente, de manera inmediata, a un ejemplar adulto que durante años ha proporcionado sombra, regulación térmica y servicios ecosistémicos. Esa diferencia debe estar incorporada en cualquier evaluación seria de la política ambiental.
La discusión tampoco puede reducirse a determinar qué entidad ejecuta una tala o quién tiene competencia sobre una poda. Esa respuesta burocrática resulta insuficiente cuando lo que está en juego es el patrimonio ambiental de la ciudad. Si intervienen el EPA, las dependencias de espacio público, gestión del riesgo, empresas operadoras u otras entidades, la responsabilidad institucional debe quedar perfectamente trazada. La Alcaldía no puede administrar el medio ambiente mediante una cadena de responsabilidades difusas. El alcalde, como máxima autoridad administrativa del Distrito, debe exigir coordinación, información pública, criterios técnicos y seguimiento de cada intervención que afecte el arbolado y los ecosistemas urbanos.
También resulta necesario revisar la relación entre desarrollo económico y protección ambiental. Cartagena necesita infraestructura, vivienda, vías, hoteles, comercio e inversión, pero ningún modelo de crecimiento competitivo puede considerar los árboles como obstáculos prescindibles frente al cemento. Una ciudad turística que deteriora sistemáticamente su infraestructura verde termina afectando uno de sus propios activos económicos: el paisaje y la calidad de la experiencia urbana. La competitividad no consiste en llenar de concreto cada espacio disponible; consiste en desarrollar una ciudad capaz de atraer inversión sin sacrificar las condiciones ambientales que hacen posible esa inversión.
Por eso, la administración de Turbay debería someter su política de arborización a una auditoría pública de resultados. ¿Cuántos de los 300.000 árboles prometidos han sido efectivamente sembrados? ¿Cuántos permanecen vivos? ¿Cuántos árboles fueron talados durante el mismo periodo? ¿Dónde se realizaron las compensaciones? ¿Cuánto dinero público se ha destinado a siembra, mantenimiento y reposición? ¿Qué barrios presentan los mayores déficits de cobertura? Son preguntas elementales para cualquier política pública que pretenda hablar de eficiencia. Sin indicadores comparables, la cifra de 300.000 árboles corre el riesgo de convertirse en un número políticamente atractivo, pero ambientalmente imposible de evaluar.
El alcalde también tiene una responsabilidad frente a la planificación territorial. El futuro Plan de Ordenamiento Territorial y las decisiones relacionadas con proyectos inmobiliarios, turísticos, viales y urbanísticos deben reconocer que el arbolado y los ecosistemas estratégicos son parte de la estructura ambiental de Cartagena. La administración no puede reclamar una ciudad moderna y sostenible mientras permite que el crecimiento urbano avance sin una protección proporcional de su patrimonio natural. La pregunta de fondo no es si Cartagena puede desarrollarse: la pregunta es qué tipo de desarrollo está dispuesto a defender el gobierno distrital y cuánto patrimonio ambiental está dispuesto a sacrificar para conseguirlo.
Alcalde Dumek Turbay, llegó el momento de rendir cuentas sobre la deuda verde de Cartagena. La ciudad no necesita otra campaña de siembra presentada como solución definitiva; necesita una política ambiental con metas verificables, presupuesto transparente, mantenimiento permanente, protección de árboles maduros, control efectivo de las talas y recuperación de ecosistemas estratégicos. Los 300.000 árboles anunciados deben convertirse en individuos vivos, protegidos y medibles, no en una estadística administrativa. Cartagena enfrenta suficiente presión climática como para seguir improvisando. Cada árbol que se pierde sin una justificación técnica sólida representa una pérdida ambiental; cada árbol que sobrevive y se incorpora correctamente al tejido urbano representa una inversión en futuro. La administración tiene la palabra y, sobre todo, tiene la obligación de demostrar resultados.
Gobernar una ciudad sometida a la presión climática exige entender que cada árbol protegido es una inversión y cada árbol perdido sin justificación técnica es un retroceso.
