PRESIDENTE ILEGÍTIMO LO HA LLAMADO PETRO

Por Alvaro Morales de León

La legitimidad de un gobernante no descansa únicamente en el acta que certifica su elección. Descansa, sobre todo, en la confianza ciudadana que está segura que cada voto es respetado y contado con absoluta transparencia.

Cuando esa certeza se desvanece, la democracia entra en una zona de peligro donde la sospecha puede resultar tan devastadora como el fraude mismo. Ese escenario quedó planteado este lunes 3 de agosto, cuando el presidente Gustavo Petro presentó, utilizando los medios de comunicación del Estado, una serie de evidencias que, según afirmó, demostrarían la existencia de un fraude electoral ocurrido durante las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio, proceso en el que resultó elegido Abelardo de la Espriella. Las denuncias no provinieron únicamente del mandatario.

Según la información presentada, fueron respaldadas por testigos digitales pertenecientes a organizaciones ciudadanas, así como por especialistas en programación informática, estadística y derecho electoral, quienes coincidieron en señalar un elemento que consideran el origen del problema: la ausencia de transparencia en el sistema electoral colombiano.

No se trata de una discusión menor. Si las pruebas expuestas logran ser corroboradas por las autoridades judiciales y los organismos de control, Colombia estaría frente al mayor escándalo electoral de su historia reciente. No solo quedaría en entredicho la elección presidencial, sino la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar el derecho al voto. 2 Uno de los aspectos más delicados de la denuncia apunta al incumplimiento de una decisión del Consejo de Estado adoptada en 2018.

En aquella oportunidad se ordenó que el software de escrutinio electoral fuera propiedad del Estado colombiano y no de particulares. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por Petro, esa orden judicial continúa sin cumplirse, permitiendo que el manejo del sistema permanezca en manos privadas.

Esa situación, según la denuncia presidencial, habría dejado el control del escrutinio en poder de los hermanos Bautista, propietarios de la firma Thomas Greg & Sons, empresa señalada de administrar el software utilizado durante el proceso electoral. Para los denunciantes, allí reside uno de los mayores riesgos para la transparencia electoral. Pero quizá la evidencia técnica que más llamó la atención fue la relacionada con la ausencia del denominado «candado Hash», mecanismo de seguridad informática cuya función consiste en garantizar que un archivo no pueda ser modificado sin dejar rastro.

Según los expertos que respaldaron la denuncia, la inexistencia de esa protección habría permitido alterar documentos electorales elaborados en formato PDF sin que dichas modificaciones fueran detectadas oportunamente. Si semejante vulnerabilidad existió realmente, no estamos hablando de un simple error técnico. Estaríamos frente a una puerta abierta para modificar resultados electorales, afectando la voluntad popular y convirtiendo un proceso democrático en un ejercicio manipulable. Las cifras reveladas durante la presentación resultan igualmente alarmantes.

Según los especialistas citados por el presidente Petro, las irregularidades habrían afectado más de siete millones de votos. Además, se afirmó que alrededor de 120.000 sufragios fueron adulterados mediante el funcionamiento del software y que en 1.350 puestos de votación se registraron alteraciones destinadas a favorecer la candidatura de Abelardo de la Espriella. 3 A ello se sumaron las denuncias sobre las votaciones realizadas en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Allí, según la exposición presidencial, las jornadas electorales extendidas durante varios días habrían permitido que algunos ciudadanos votaran en múltiples ocasiones, llegando incluso a sufragar hasta siete veces durante el mismo proceso electoral. Son acusaciones de enorme gravedad que exigen mucho más que respuestas políticas.

Requieren investigaciones independientes, auditorías internacionales si fueren necesarias y absoluta transparencia por parte de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral. El silencio institucional, lejos de disipar las dudas, solo contribuye a profundizarlas. En una democracia sólida no basta con afirmar que las elecciones fueron limpias. Es indispensable demostrarlo con pruebas verificables, auditorías abiertas y sistemas tecnológicos blindados contra cualquier posibilidad de manipulación. La confianza pública no puede sustentarse en actos de fe. Si las denuncias resultan infundadas, corresponde a las autoridades demostrarlo con absoluta claridad y cerrar definitivamente el debate.

Pero si las evidencias terminan confirmando las irregularidades denunciadas, el país enfrentará una crisis institucional de proporciones históricas, cuyas consecuencias trascenderán el nombre de cualquier presidente, porque el verdadero derrotado no sería únicamente un candidato. Sería la democracia colombiana. Y es precisamente allí donde adquiere sentido el título de este editorial. Un presidente cuya elección permanezca seriamente cuestionada por denuncias de fraude, mientras estas no sean esclarecidas de manera definitiva por las autoridades competentes, gobernará inevitablemente bajo la sombra de la duda. La legitimidad política no se impone mediante decretos ni discursos; se construye con procesos electorales transparentes, verificables y confiables. Sin esa confianza, cualquier victoria termina convertida en motivo de division