LIDIO GARCÍA, UN SENADOR “TIERRERO”

Por Alvaro Morales de León.

Son “tierreos” y piden votos con la frente en alto. En Colombia, los “tierreros” son ese tipo de personas a las que se señalan como robadores o despojadores de tierras que no le pertenecen; tierras que invaden, que cercan, escrituran y hasta terminan adueñándose de ellas a sabiendas que son del Estado o de comunidades vulnerables. Eso, en esencia, es el retrato del despojo y del llamado “tierrero”.

Por eso resulta tan perturbador que, según señalamientos públicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y del propio Gobierno Nacional, varios de esos tierreros no estén en los márgenes de la legalidad rural, sino sentados en las curules del Congreso de la República, y hasta en su Presidencia, como Lidio García Turbay. Es el descaro Total, y lo peor, sin ningún pudor ni escrúpulo piden votos con la frente en alto.

Lo grave no es solo que existan procesos administrativos en curso por la ocupación irregular de baldíos de la Nación, tierras que por ley deben destinarse a la reforma agraria y a campesinos sin tierra, sino otros congresistas en Colombia, que al igual que Lidio García, sin sonrojo alguno, recorren sus regiones pidiendo votos para reelegirse ellos, y sus pandillas.

Entre los congresistas señalados públicamente por la ANT figuran el ya mencionado senador Lidio García Turbay, de Bolívar y del Partido Liberal, vinculado a predios en el municipio de San Juan Nepomuceno; el senador conservador Marcos Daniel Pineda García, relacionado con terrenos en Cereté, Córdoba; y la también conservadora Liliana Esther Bitar, mencionada por predios en Ciénaga de Oro y San Carlos, en el mismo departamento.

A ellos se suman señalamientos sobre familiares de la senadora y ahora candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, por ocupaciones de baldíos en Vichada y Tolima.

Conviene subrayarlo, el solo hecho que congresistas, legisladores de la República, encargados de hacer las leyes, aparezcan en listados oficiales por ocupación indebida de baldíos, debería ser motivo de alarma ética nacional.

Porque aquí no estamos hablando de un error catastral, ni de un trámite agrario cualquiera. Estamos hablando de baldíos de la Nación, tierras que históricamente han sido el botín silencioso de poderosos, acumuladas mediante testaferros, escrituras dudosas, presiones políticas y vacíos institucionales. Tierras que la Constitución y la ley reservan para campesinos, víctimas del conflicto y procesos de redistribución agraria.

Y mientras la ANT intenta recuperarlas para cumplir con su función social, algunos de los presuntos ocupantes no son terratenientes anónimos, sino senadores y representantes que discuten en el Capitolio las políticas agrarias del país. La contradicción es obscena.

¿Cómo puede un congresista debatir una reforma rural integral cuando sobre él pesa un señalamiento por apropiación de baldíos? ¿Con qué autoridad moral se habla de legalidad, de orden, de respeto a la propiedad, cuando la propia situación patrimonial está bajo escrutinio estatal?

Pero quizás lo más indignante no es el señalamiento en sí, sino la actitud política que lo rodea. Varios de estos dirigentes siguen en campaña, visitan veredas, reparten sonrisas, abrazan campesinos y prometen desarrollo rural, como si nada. Como si el país no supiera que sus nombres aparecen en expedientes que justamente hablan de lo contrario: de tierras que deberían estar en manos campesinas y que, resuntamente, están en manos de políticos.

Es ahí donde el término tierrero cobra su fuerza simbólica. Porque en Colombia el tierrero no es solo el invasor de barrio periférico. También puede ser el elegante dirigente que, con escrituras en regla pero origen turbio, ha acumulado predios que jamás debieron terminar en su patrimonio. El tierrero moderno puede vestir de traje, hablar de democracia y posar de defensor de la ley, mientras la ANT revisa la legalidad de sus propiedades rurales.

Este escándalo revela algo más profundo: la histórica relación entre poder político y concentración de la tierra. No es casual que tantos nombres provengan de regiones donde el control de la tierra ha significado control electoral, económico y social. Córdoba, Bolívar, Vichada, Tolima: territorios donde la tierra ha sido sinónimo de poder, y donde el poder, a su vez, ha moldeado la tierra.

Porque cada baldío ocupado irregularmente es una hectárea menos para un campesino sin tierra. Es una promesa incumplida de reforma agraria. Es un recordatorio que en Colombia la ley ha sido, históricamente, más flexible con los poderosos que con los pobres.

Por eso, más allá de lo que determinen los procesos de la ANT, el juicio ético ya está planteado en la opinión pública. Y ese juicio no lo dicta un juez, sino los votantes, y cuando estos congresistas vuelvan a tocar puertas, cuando pidan el voto en nombre del progreso rural, valdrá la pena que alguien les pregunte por esos predios, por esos expedientes, por esas tierras que son del Estado y de ellas, ellos se apropiaron.

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