“Colombia enfrenta un punto de quiebre en la transición energética”: Director del CREE

Durante el Congreso de Energía del Mercado Mayorista, el director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), Tomás González Estrada, afirmó que Colombia se encuentra en un punto de inflexión en su proceso de transición energética y que el país no está avanzando al ritmo necesario para cumplir sus compromisos de descarbonización.

“Estamos viviendo un punto de quiebre en materia de transición energética en este momento. Y por qué digo que estamos viendo un punto de quiebre, creo que tiene que ver con esto. Estos son los números de Colombia de cómo vamos en nuestras metas de descarbonización”, señaló González.

De acuerdo con el director del CREE, el Gobierno reportó oficialmente que las emisiones del país fueron de 280 millones de toneladas, frente a 285 millones en la medición anterior de 2018. “Bajamos algo menos de dos millones por año, uno y medio por año. Y para llegar a la meta tenemos medidas identificadas para la mitad de lo que se necesita. La otra mitad no sabemos todavía cómo lograrla”, explicó.

Según González, el propio Gobierno reconoció las dificultades al mantener sin cambios la meta de reducción de emisiones a 2030 en la nueva contribución determinada a nivel nacional (NDC). “Eso, en mi lectura, es una admisión de fracaso de no somos capaces”, dijo.

El académico señaló que las preferencias sociales y la falta de consistencia en la política pública han afectado el proceso. “Las preferencias de la gente no están alineadas con lo que habría que hacer para poder llegar ahí a la velocidad que se necesita. Y si a eso se suma el desorden que hemos tenido con la política en términos de transición, es todavía más difícil”, agregó.

Recordó que, al inicio del actual Gobierno, el tema climático ocupaba un lugar central en el discurso oficial. “El día que el presidente ganó, los temas climáticos fueron protagonistas del discurso de victoria, con aspiraciones de liderazgo regional. Irene Vélez empujó mucho la transición justa, Andrés Camacho la transición energética, Edwin Palma la menciona a veces, pero eso fue desapareciendo del discurso del Gobierno”, indicó.

González presentó un estudio desarrollado por el CREE junto con ISA y la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con la participación del exdirector de XM, Andrés Romero, en el que se plantean tres escenarios de transición.

El primero, denominado cambio tecnológico, proyecta una transición liderada por la innovación y la adopción acelerada de nuevas tecnologías. “Alcanzamos la carbono neutralidad en 2050 con las metas que hemos anunciado. Aquí, de todas maneras, no hay una inversión tan grande en recursos distribuidos y los hábitos de consumo no cambian mucho. La tecnología hace la tarea”, explicó.

El segundo escenario, llamado cambio de comportamiento, se basa en modificaciones culturales y sociales. “Aquí los consumidores se vuelven mucho más conscientes. Ese cambio cultural es el principal determinante. Tenemos una alta penetración de recursos distribuidos y un mayor cambio hacia movilidad eléctrica y transporte público”, señaló.

El tercer escenario describe un proceso más lento. “Nos enfrentamos a conflictos socioeconómicos y ambientales. La meta de descarbonización se alcanza realmente en 2070. No hay muchos consensos ni cambios de comportamiento, y la economía crece al ritmo actual”, dijo.

El estudio del CREE estima que el Caribe y Antioquia concentrarán la mayor capacidad de generación, mientras que las regiones oriental y suroccidental serán deficitarias. “El Caribe se va a convertir en el otro pulmón de los intercambios de energía en Colombia hacia adelante, porque los recursos que tenemos que desarrollar están acá”, indicó González.

De acuerdo con las proyecciones, la región Caribe requerirá entre 15 y 17 líneas de transmisión de 500 kilovoltios y entre 39 y 43 líneas de 230 kilovoltios hasta 2040. En total, el país necesitará cerca de 29 líneas de 500 kilovoltios, además de transformadores y refuerzos regionales.

“En 2020 la red tenía unos 15.000 kilómetros. Con los planes actuales de la UPME llegaría a 25.000. Con este ejercicio, tendríamos que tener cerca de 30.000 kilómetros a 2040. Eso implica inversiones por unos 7.500 millones de dólares en redes y más de 60.000 millones de dólares en generación”, precisó.

El académico advirtió que “desde 2020 solo ha entrado la cuarta parte de la energía que debería entrar en generación” y que “los proyectos de transmisión que deberían entrar en 2025 y 2026 tienen, en promedio, cuatro años y medio de retraso”.

Agregó que los sistemas de transmisión regional (STR) presentan un rezago significativo: “En las condiciones actuales, ninguno de los STR era capaz de soportar los escenarios futuros. Tenemos un rezago de inversión muy grande”.

González subrayó que el país deberá incorporar cerca de siete gigavatios de generación distribuida y adecuar las redes regionales para manejar flujos bidireccionales de energía. “Eso implicará una transformación profunda de los STR y de los SDL. Vamos a tener que repotenciar sistemas y adaptarlos a los nuevos esquemas de consumo y producción”, afirmó.

Sobre los retos regulatorios, explicó que “el soporte normativo es fundamental para asegurar la inversión privada”. Añadió que “el Gobierno, por más voluntad que tenga, no puede asumir inversiones de esa magnitud”.

“Si no tenemos las reglas del juego, si no le decimos a los inversionistas que pueden recuperar los costos eficientes de su inversión, la inversión no va a estar. La subasta de febrero del año pasado fue quizás la demostración más evidente de los problemas cuando uno tiene malas señales”, dijo.

Finalmente, señaló que quien asuma la presidencia en 2026 deberá afrontar una realidad compleja: “De aquí a 2050 vamos a tener que multiplicar por cinco la capacidad instalada y modificar la transmisión 2,7 veces. Vamos a tener que trabajar con el sector privado, recomponer las señales institucionales y definir una ruta de transición que sea ambiciosa, pero realista”.

Tomás González también se refirió a la situación de Ecopetrol y al debate sobre la eventual venta de los activos de la compañía en la cuenca del Pérmian.

“Es muy curioso el argumento de que el Pérmian es mal negocio para Ecopetrol. Si uno se va un año atrás, la compañía estaba pidiendo autorización para aumentar su participación. Ese aumento de inversión iba a generar cerca de 10% más de producción, 10% más de reservas y alrededor de 14% más de utilidad. Venía de esa inversión más de un billón de pesos adicionales en utilidades que Ecopetrol podía transferir al Gobierno”, explicó.

Recordó que el año pasado la junta directiva evaluó la ampliación de participación, pero la decisión fue detenida por orden presidencial. “En el último segundo, el presidente dijo: ‘Yo no estoy de acuerdo porque eso usa fracking y a mí no me parece bien el fracking’. Y no se hizo, pese a que era buen negocio”, relató.

González cuestionó la falta de análisis técnico y financiero sobre una posible venta. “Es importante que le quede claro al país si hay un análisis técnico, si hay un análisis financiero, y si se logra hacer una venta en los términos correctos. ¿Qué se haría con esos recursos? ¿Qué puede reemplazar la generación de ingresos de Ecopetrol como lo hace este activo?”, preguntó.

El director del CREE subrayó que Ecopetrol es una fuente significativa de ingresos para la Nación. “De ahí se financia buena parte de la inversión social y, en esta coyuntura fiscal, perder esos recursos sería relevante. La Contraloría le pidió a Ecopetrol que muestre sus análisis y asegure que no se están tomando decisiones que constituyan un detrimento patrimonial”, dijo.

Sobre el impacto ambiental, González señaló que “la producción del Pérmian es más limpia, porque las emisiones por barril son ocho veces menores que las de Colombia. Son barriles rentables y ambientalmente más sostenibles”.

Agregó que la salida de Ecopetrol del Pérmian no tendría un efecto global en las emisiones: “Si Ecopetrol se sale, esos barriles los va a producir alguien más. El impacto ambiental va a seguir siendo el mismo, pero para Colombia no es indiferente, porque nos quedamos sin la rentabilidad de esos activos”.

Finalmente, González se refirió al proceso en curso con los organismos de control: “La junta directiva tiene un deber fiduciario, que es representar al accionista y velar por el buen manejo de la compañía. Tendrán que pensar muy bien si lo van a hacer, cómo lo van a hacer y en qué términos. Este debe ser un debate serio, basado en números y sin politización”, concluyó.