¿POR QUÉ PERSISTE EL SAQUEO A LA SALUD?
Por Alvaro Morales de León
El saqueo de la salud en Colombia: un negocio para pocos, un calvario para muchos
En Colombia, hablar de salud es sinónimo de frustración. Los escándalos ya no sorprenden: solo confirman que el sistema de salud está siendo saqueado. Según la Contraloría General, en 2023 las EPS acumularon deudas por más de $23 billones con hospitales y clínicas, mientras exdirectivos exhiben fortunas y mansiones.
La historia se repite desde hace más de dos décadas. La Ley 100 de 1993 prometió un sistema universal y eficiente, pero lo que creó fue un gran intermediario financiero: las EPS, espacio donde convergen intereses políticos, contratos opacos y controles débiles.
La Unidad de Pago por Capitación (UPC) debía garantizar un pago justo por cada afiliado, pero hoy es insuficiente y sirve de excusa para desviar recursos. En 2024, la Superintendencia de Salud reveló que varias EPS usaron dineros públicos en gastos administrativos indebidos, mientras las IPS esperan meses para ser pagadas.
Casos como el de SaludCoop son emblemáticos: su exgerente Carlos Palacino fue condenado en 2025 por desviar miles de millones a negocios privados. Pero no es un hecho aislado: cada intento de reforma a la salud se estrella contra un muro de lobbies y políticos temerosos de perder poder.
A este problema se suma la debilidad de los órganos de control. La Procuraduría y la Contraloría reaccionan tarde y con sanciones mínimas. Y en un país donde la salud es un botín político, nombramientos, contratos y hospitales terminan en cuotas partidistas. La propia Nueva EPS, la más grande del país, fue señalada por el Presidente como escenario de uno de los mayores saqueos: ocultó $5 billones en facturas presuntamente falsas para simular liquidez.
La salud en Colombia también es usada como mina electoral. En un país desigual, quien controla una EPS o un hospital público controla contratos, empleos y votos. Pero el saqueo tiene rostro humano: la madre que espera meses una cirugía para su hijo, el anciano que hace filas por un medicamento, el médico rural que trabaja sin salario.
No es falta de recursos: Colombia invierte el 7,5 % del PIB en salud, un nivel comparable a países de la OCDE. El problema es que se malgasta y se roba. Cada año se presentan más de 200.000 tutelas para exigir servicios básicos, un reflejo de un sistema colapsado.
La solución, hoy, está en la Reforma a la Salud que discute la Comisión Séptima del Congreso. El reto es que los senadores antepongan el interés general a sus cuotas políticas. También urge recuperar la ética pública: dirigir una EPS o un hospital debe ser un servicio, no una oportunidad de enriquecimiento.
Mientras no se rompa el triángulo perverso de impunidad, clientelismo y opacidad, la salud seguirá siendo negocio para unos pocos y un calvario para la mayoría.
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