¿SE ATREVERÁ DUMEK?
Por Álvaro Morales de León
El asunto más que polémico de los últimos tiempos en Cartagena ha sido el todavía inconcluso Edificio Acuarela, asunto que bien podríamos catalogar como una verdadera saga que ha servido para, como dicen, una de las formas de “medirle el aceite” a los últimos alcaldes de Cartagena, del cual no escapa el alcalde Dumek Turbay con su promesa de iniciar su demolición, piso piso, a partir del veinte de febrero del presente año, la cual ha sido programada para finalizarla en noventa días y que tendrá un valor de once mil millones de pesos.
El exalcalde William Dau, que, en campaña, también lo prometió y no lo cumplió; sino que entre disculpas y discusiones judiciales y presupuestales con el gobierno nacional no pudo como mandatario materializar su promesa, demoler el Acuarela.
Por otra parte, la mayoría de candidatos a la alcaldía de Cartagena en las más recientes campañas políticas no han obviado sus promesas de acabar con el polémico edificio convertido en un asunto “taquillero”.
Todavía recuerdo a la candidata a la alcaldía de Cartagena, Adelina Covo, en 2018, cuando con “mona” en mano se hizo fotografiar frente al controversial edificio prometiendo derruirlo si alcanzaba a ser elegida.
Yo soy del grupo de personas que en Cartagena piensa, por varias razones, que “el Acuarela” no debe ser demolido porque no creemos ni compartimos que la tal afectación de la visual del Castillo de San Felipe de Barajas, sea cierta, esto, independiente a que normas urbanísticas de la ciudad y del sector, como el uso y la invasión del espacio público, pesen más que el tema de la visual al monumento.
En tanto, la mayor controversia sobre esta polémica edificación y el marco normativo sobre la altura de su primera torre de la que dicen las autoridades del caso que su elevación produce afectación a la visual del Castillo de San Felipe de Barajas, podría poner en riesgo el título que Cartagena ostenta desde 1984, el de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, otorgado por la Unesco.
En su momento, medios de comunicación de la órbita local y nacional a diario anunciaban las amenazas de destitución contra el exalcalde Dau si no procedía a la demolición de la torre construida, pareciendo que había más deseo en tumbar al incómodo mandatario que a la Torre envuelta en el galimatías jurídico y administrativo que nació cuando el exalcalde Dionisio Vélez, en diciembre de 2015, cuando sólo le quedaban 3 días para finalizar su cuestionado gobierno, hizo expedir todos los permisos del caso.
Los argumentos con los que se cuestionó a la Sociedad Promotora Calle 47, constructora de los 25 pisos de esta primera torre, transitaron desde las licencias otorgadas, mal acopio de materiales, urbanización ilegal, afectación de la visual a un monumento histórico, ocupación del espacio público, incumplimiento con las normas de sismoresistencia, violación del POT, impactación negativa en el entorno urbanístico y hasta por interrumpir el ciclo del vuelo de los pájaros.
Pero entonces, ¿cómo es posible que todos los vinculados al otorgamiento de permisos y licencias para la construcción de este complejo urbanístico para construir cinco torres con 952 apartamentos de interés social en el barrio de Torices, se encuentren libres, o
disfrutando de los deleites de la detención domiciliaria?
En Cartagena, por lo que se ha sabido, no son pocos los comprometidos con este entuerto que rodea la construcción del Aquarela, y de los cuales se da cuenta, en su mayoría, de funcionarios de la época en que Dionisio Vélez gobernó la ciudad (2013- 2015) ellos, los que estuvieron al frente de la Secretaria de Planeación, Oficina de Control Urbano, Corvivienda, Instituto de Patrimonio y Cultura; y de entidades, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Curaduría Urbana N° 1; y por qué no, el Ministerio de Cultura.
Ahora, entre apartamentos de interés social, ya construidos, así sean de manera irregular, y la visual de un monumento histórico como el Castillo de San Felipe, me uno a un conocedor internacional que opina, que, entre estos dos aspectos, y en tiempos actuales, lo mejor sería buscar un equilibrio entre el desarrollo urbanístico y el patrimonio histórico.
A un cartagenero de esos que llaman “ciudadano de a pie”, o del sector “El Guarapero” del Pozón, o “Las vegas” de Mandela, o “Papa Negro” de Olaya, qué le servirá más, ¿apartamentos de interés social de 105 millones de pesos, o la visual interrumpida del Castillo de San Felipe?; y a estos mismos, ¿en qué les habrá beneficiado el título de Patrimonio Histórico?
Finalmente, esperemos el 20 de febrero.
Foto EU
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