JAMÁS DEBIERON POSTULARSE

Por Alvaro Morales de León

Unos definen la Moral, como la forma en que actuamos y nos comportamos; otros dicen de la Moral que es la observancia, respeto y obediencia de las reglas que impone la sociedad y la manera como armónicamente vivimos dentro de ella.

Pero estos conceptos de Moral, para los políticos, y especialmente, para los candidatos, no existe.

Si bien es legal, cierto, y constitucional, como lo dispone el artículo 122, que sólo se le podrá impedir inscribirse como candidato a un cargo de elección popular y ser elegidos a quienes hayan sido condenados; no es menos cierto que la condena moral que emerge de la sociedad y que se cobra en las urnas, no le impide a un candidato su postulación ni su inscripción.

Las condenas que impiden a un ciudadano inscribirse como candidato van desde las que son producto de delitos que afecten el patrimonio del Estado, las relacionadas con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados al margen de la Ley, también se le impide participar a los condenados por los delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia y en el exterior.

También las sanciones fiscales, las que impone la Contraloría; o las disciplinarias que pone la Procuraduría son motivo de prohibición y hasta de invalidación a un candidato que aspira a ser elegido mediante el voto popular.

Todo lo anterior es dentro del contexto legal colombiano, contexto que no anula, tampoco invalida el contexto de la moral y la ética que ignoran muchos políticos y candidatos, y las cuales, en la profundidad conceptual es el respeto y obediencia a las normas, el ejemplar comportamiento social con buenas costumbres que permitan al ciudadano vivir socialmente en armonía con la naturaleza, con el orden jurídico, con el prójimo, etc. Así la entendemos.

Varios personajes del ámbito político de la ciudad de Cartagena no pudiendo postular sus nombres como candidatos a un cargo de elección popular por vigentes condenas penales, por sanciones pecuniarias de la Contraloría o por sanciones disciplinarias de la Procuraduría han optado en estas elecciones por “lanzar” o postular a sus hijos, sin tener recato alguno para exponerlos e introducirlos  a un mundo donde la corrupción, “el entuerto”, “el marrullo”, la coima, la trampa, y  el chantaje, están siempre a la orden del día.

Recordemos al exalcalde Carlos Díaz Redondo, sobre quien, a pesar de seguir cargando una pesada sanción pecuniaria cercana a los dos mil millones de pesos, impuesta por la Contraloría General, ahora, en estas elecciones, sin pudor alguno, y con el aval del Partido Alianza Verde, ha lanzado a su hija Laura Díaz Casas para que ocupe una curul del Concejo Distrital

Al exalcalde Díaz Redondo lo sancionó la Contraloría por encontrarlo responsable de detrimento patrimonial contra el erario del Distrito de Cartagena dentro del sonado caso del inútil “Parque de la Comida Caribeña”.

Al exalcalde Carlos Díaz lo imitó el exconcejal Adolfo Raad, quien también a pesar de su cuestionado paso por el Concejo Distrital y su destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría en 2010, ahora, sin miramiento alguno, postuló e inscribió a su joven e inexperto hijo, Carlos Raad de la Ossa al Cabildo Distrital.

Recordemos que al exconcejal Adolfo Raad lo destituyó e inhabilitó la Procuraduría por haber pagado con cargo al presupuesto del Concejo, y por concepto de sanciones moratorias, unas millonarias sumas de dinero, cuando a los beneficiados ya se les había prescrito el respectivo derecho

No se quedó atrás Cesar Pión González, actual Concejal de Cartagena que todavía sesiona a pesar de una condena que debería estar cumpliendo en su domicilio, también lanzó al Concejo de Cartagena a su hijo Ricardo Pión Botero,  

A Cesar Pión la Fiscalía le impuso una condena cuando en 2014 haciendo parte de la mesa directiva del Concejo reconoció y ordenó pagar irregularmente honorarios a concejales y exconcejales por una suma total cercana a los 8.000 millones de pesos sin que para ello existiera disponibilidad presupuestal alguna.

Quinto Guerra, a quien llaman “el breve”, por sus escasos 15 días como alcalde de Cartagena, también de manera irresponsable ha lanzado, sin decoro alguno, a su hijo Carlos Guerra Martelo para ocupar un escaño en el Concejo Distrital.

A Quinto Guerra le bastaron sus quince días de gobierno para comprometer de manera irresponsable gran parte del presupuesto anual del Distrito, y hacer que con Yolanda Wong y Pedrito Pereira, alcaldes encargados, continuara el desorden administrativo de la ciudad.

Finalmente, tampoco, por moralidad, debió inscribirse Dumek Turbay como candidato a la alcaldía de Cartagena sin antes haber resulto el cúmulo de denuncias y demandas que pesan sobre él; tampoco debió hacerlo “Yamilito”, candidato a la gobernación, a quien todavía investiga la Corte Suprema de Justicia por estar, presuntamente, involucrado en un complot de corrupción para desviar millones destinados por la OCAD-PAZ, para a los municipios más pobres y golpeados por la guerra.

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