Edificio Aquarela de Cartagena se demolerá para restituir el espacio publico, constructora dice que hacerlo es desproporcionado e irrazonable.

En el marco del convenio suscrito entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), esta Administración recibió el concepto jurídico sobre el caso Aquarela emitido por la entidad.

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, recibió de parte de Camilo Alberto Gómez Álzate, Director General la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), un concepto jurídico sobre la problemática generada por la construcción del proyecto inmobiliario #Aquarela.

Este concepto se da gracias al convenio que se logró entre esta Administración y la ANDJE desde junio de 2020, y que justamente tiene como uno de sus objetivos, contar con una opinión especializada en la defensa de lo público, que sirva de apoyo sobre temas, que dado su complejidad desde el punto de vista jurídico, ameriten un nuevo soporte que sirva de guía, para que las decisiones adoptadas desde Alcaldía sean las más acertadas y responsables con los intereses colectivos.

Entre sus recomendaciones, la ANDJE considera que la edificación debe ser destruida por completo, como quiera que existe una orden de demolición vigente que se encuentra contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y 7589 de 2018, proferida por la Secretaría del Interior y Convivencia, que ordenaron la restitución del espacio público ocupado indebidamente por la construcción. Razón por la cual, la acción que procede es la demolición de la edificación, como lo establece el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Además, se indica que técnicamente las propuestas de la Promotora Calle 47, constructora del proyecto Aquarela, no aportaron condiciones de seguridad que garanticen que no habrá afectaciones en la edificación y viviendas aledañas, igualmente, jurídicamente, la demolición parcial es inviable.

Myrna Martínez Mayorga, jefa de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, precisó que este concepto constituye un instrumento jurídico importante para la Administración, por lo cual se viene adelantando su estudio.

“Como Alcaldía hemos recibido las recomendaciones y desde entonces estamos realizando los análisis y las revisiones para proceder a dar atención a esta situación, consideramos que es un instrumento jurídico importante y que nos da una tranquilidad como Administración para efectos de proceder con la eventual demolición de esta estructura, documento que, además, encuentra correspondencia con lo que esta Administración había decidido, luego que recientemente la constructora solicitara ante la Curaduría Urbana la modificación de la licencia y esta fuera negada en febrero del presente año, y confirmada recientemente por parte de la Secretaría de Planeación, al considerar improcedente dicha petición. Por lo tanto, bajo este escenario, y luego de surtidas las notificaciones respectivas, dejaba a la promotora sin más opciones jurídicas que la de proceder, conforme al plazo otorgado por la Inspección de Policía, a la restitución del espacio público, lo cual se incumplió y lo que habilitaría a la Administración a proceder al cumplimiento de la decisión”, indicó Martínez Mayorga.

Es de resaltar, que en varias ocasiones el señor Alcalde manifestó que solo haría efectiva la demolición cuando un juez se lo ordenara, esto debido a que como Administración no queremos incurrir en una acción que pueda traer perjuicios al Distrito, sin embargo, con este concepto se tiene una mayor certeza y seguridad jurídica para ejecutar la decisión, por lo cual, continuaremos el análisis con las diferentes entidades involucradas en el caso.

“Estamos buscando el acompañamiento de todas las entidades comprometidas en este caso para dar la mejor solución y principalmente no poner en riesgo la situación jurídica del Distrito, la Nación, ni de ninguna de las entidades llamadas a atender esta situación. En mesas de trabajo concertadas por la Procuraduría General de la Nación, ya habíamos logrado un avance con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para efectos de evaluar la situación y materializarla a través de la entrega de recursos que nos permitan proceder con la eventual demolición, así mismo se vinculó al Ministerio de Cultura.”, puntualizó la funcionaria.

Por su parte la empresa constructora, Promotora Calle 47 SAS, dijo que ante la opinión no vinculante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que la Alcaldía de Cartagena proceda con la demolición del Edificio Aquarela y se permite informar que:

1. Derribar el edificio Aquarela sin que haya de por medio una orden judicial implica asumir la responsabilidad patrimonial que implica resarcir los daños contra los afectados, que además de los constructores, incluye a más de novecientas familias cartageneras que invirtieron sus ahorros en este proyecto habitacional debidamente licenciado.

2. La orden policiva de restitución del espacio público presuntamente ocupado solo versa sobre una pequeña parte de la edificación, que Promotora Calle 47 SAS siempre ha estado en la disposición de cumplir con arreglo a la Ley, y no lo ha podido hacer por órdenes judiciales y decisiones administrativas del Distrito. El pretender la demolición total del proyecto es una medida que desconoce lo dispuesto por la autoridad policiva y resulta completamente desproporcionado e irrazonable.

3. La opinión emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que legalmente no es vinculante, se fundamenta en argumentos tendenciosos y arriba a conclusiones equivocadas que comprometen seriamente la responsabilidad patrimonial del Distrito y la Nación,  y toma como sustento el Estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, cuyo contenido ha sido seriamente cuestionado por varios profesionales y agremiaciones dadas las fallas metodológicas y técnicas en las que incurre.

4. En este estado de cosas, Promotora Calle 47 SAS continuará atendiendo todos y cada uno de los requerimientos jurídicos en el marco del debido proceso, donde demostrará la legalidad de cada una de sus actuaciones, el rigor técnico de la obra y, de ser el caso, perseguirá el resarcimiento de los daños causados.

5. Con este ejercicio desmedido de autoridad, el Ministerio de Cultura busca una vez más escudar la falla institucional ante la no adopción oportuna de un plan integral de protección y conservación de la ciudad, que la #UNESCO ha solicitado de manera reiterada al Estado colombiano. #noticiasvital