KENNEDY Y SU INTERVENCIONISMO EN LATINOAMERICA
Álvaro Morales de León.
A 62 años de su asesinato, a John F. Kennedy solo se le puede recordar como el gran intervencionista de Latinoamérica. Kennedy asumió de 44 años de edad la presidencia de Estados Unidos en 1961. Para ese tiempo Latinoamérica ardía en tensiones sociales, inequidades económicas, y la “guerra fría” ejercía su influencia en todo el mundo, mientras tanto, en Colombia ejercía como presidente, el Liberal, Alberto Lleras Camarago, el primer Presidente del “Frente Nacional”, y a Cartagena la gobernaba el carismático y recordado Vicente Martínez Martelo, “Don Vizo”.
Kennedy llegó a la Casa Blanca prometiendo inaugurar una nueva relación con Latinoamérica basada en el desarrollo, la cooperación y la lucha contra la desigualdad. Su discurso, revestido de idealismo y modernización, sedujo a buena parte del continente que veía en él a un líder joven, cercano y aparentemente dispuesto a comprender las tensiones sociales que moldeaban la región. Sin embargo, detrás de ese lenguaje progresista se desplegó una política interventora que combinó ayuda económica con operaciones encubiertas, presiones diplomáticas y estrategias militares propias de la Guerra Fría. El resultado fue una presencia estadounidense más profunda y más ambivalente que nunca.
La pieza más visible de la política hemisférica de Kennedy como modelo intervencionista fue el Programa la “Alianza para el Progreso”, un programa masivo de cooperación económica anunciado en marzo de 1961. La iniciativa incluía préstamos, asistencia técnica y apoyo a reformas institucionales, y se presentaba como un proyecto de transformación estructural que apuntaba a combatir la pobreza y modernizar a los Estados latinoamericanos. Pero este programa, que en lo público ofrecía esperanza, funcionó también como una herramienta geopolítica para contener el avance del comunismo tras el triunfo de la Revolución cubana.
El Gobierno de Kennedy estaba convencido que la pobreza extrema, la desigualdad y la falta de oportunidades eran el terreno perfecto para que las ideas revolucionarias germinaran. Por eso, la “Alianza para el Progreso” se convirtió en un mecanismo dual: por un lado, una apuesta por reformas moderadas que fortalecieran la democracia; por el otro, un instrumento de control ideológico que buscaba proteger los intereses de Estados Unidos en un continente donde la influencia soviética crecía.
Ese intervencionismo se manifestó de múltiples maneras. La más evidente fue el apoyo directo a gobiernos anticomunistas, incluso cuando estos no eran democráticos o estaban envueltos en violaciones de derechos humanos. Kennedy defendió públicamente la necesidad de instituciones fuertes y elecciones libres, pero su administración respaldó a regímenes militares o autoritarios cuando consideró que estos eran un “mal necesario” para frenar cualquier amenaza de izquierda.
El episodio más emblemático fue, sin duda, la invasión de Bahía de Cochinos, en Cuba, ejecutada entre el 17 y 19 de abril de 1961, primeros meses de su administración; y aunque la operación había sido diseñada por el gobierno que le antecedió, el de Eisenhower, el de Kennedy la autorizó con el objetivo de derrocar a Fidel Castro.
La invasión fracasó, disminuyó la imagen estadounidense y reforzó la alianza entre Cuba y la Unión Soviética. Pese al error, la Casa Blanca continuó apoyando acciones encubiertas para desestabilizar al gobierno cubano, lo que incluyó sabotajes, campañas propagandísticas y el fortalecimiento del aislamiento diplomático de la isla en la Organización de Estados Americanos, al punto de llegar a su embargo, el cual permanece desde el 7 de febrero de 1962, hace 63 años, manteniendo a la Isla en un precario estado económico.
El intervencionismo de Kennedy no se limitó a Cuba. Bajo la lógica de la “seguridad hemisférica”, la administración Kennedy incrementó la presencia militar estadounidense en bases, misiones de entrenamiento y asesorías en seguridad interna en distintos países de la región. Se promovió la doctrina de contrainsurgencia, que implicaba la formación de fuerzas militares latinoamericanas para combatir movimientos guerrilleros o subversivos. Este enfoque, presentado como defensa de la democracia, terminó fortaleciendo a ejércitos que, en muchos casos, se convirtieron en actores protagónicos de golpes de Estado en las décadas siguientes.
La política hacia América Latina también estuvo marcada por presiones diplomáticas. Países que intentaron desarrollar proyectos autónomos o alejados de la órbita estadounidense enfrentaron advertencias, restricciones financieras o la retirada de apoyo. La visión de Kennedy sobre la región estaba condicionada por la obsesión de evitar “otro Cuba”, lo que llevó a juzgar cualquier reforma profunda, especialmente las agrarias, como potencialmente cercana al comunismo si no contaba con el beneplácito de Washington.
En este panorama, el intervencionismo de Kennedy se volvió más evidente con el paso del tiempo. Si bien su discurso insistía en la importancia de la justicia social y el respeto por la autodeterminación, la práctica demostraba una preferencia por gobiernos que garantizaran estabilidad política alineada con los Estados Unidos, aun cuando esa estabilidad se lograba a costa de la pluralidad o la participación ciudadana.
La muerte de Kennedy en 1963 dejó un legado contradictorio. Para algunos, representó el último intento estadounidense por promover un desarrollo social más humano en la región. Para otros, fue el arquitecto de un modelo de intervención que consolidó la dependencia política y militar de Latinoamérica respecto a Washington. Lo cierto es que su administración profundizó la presencia estadounidense en casi todos los ámbitos de la vida política latinoamericana, desde la economía hasta la seguridad interna.
A más de seis décadas de su presidencia, el intervencionismo de Kennedy sigue siendo un capítulo crucial para entender la compleja relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Su figura, mezcla de idealismo público y pragmatismo estratégico, revela cómo los grandes discursos pueden convivir con prácticas que subordinan la autonomía regional a los intereses geopolíticos del momento.
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