Gobierno avanza en la construcción de la nueva metodología para establecer precios del etanol y biodiésel
El Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con el Gobierno Nacional, lideró la Mesa Gremial de Biocombustibles, un espacio de diálogo que reunió a los productores de etanol y biodiésel, organizaciones sindicales del sector y entidades del orden nacional, con el objetivo de avanzar hacia una metodología concertada para el cálculo del ingreso al productor.
Durante la jornada, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, presentó los avances del proyecto de resolución que establece una nueva metodología para el ingreso al productor y socializó las observaciones recibidas por parte de los gremios y sindicatos.
«Este es un Gobierno que escucha. El cierre del período de comentarios no significa el cierre del diálogo. Seguiremos trabajando en mesas conjuntas para garantizar que la nueva metodología refleje las realidades productivas, laborales y ambientales del sector», afirmó el ministro.
Palma Egea también anunció la realización de dos mesas adicionales de trabajo con el fin de seguir ajustando la propuesta normativa, teniendo en cuenta el consenso entre los diferentes actores de la cadena de biocombustibles.
Por su parte, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, resaltó la participación activa de las organizaciones sindicales en este proceso y destacó que se trata de un hecho sin precedentes en el país.
«Por primera vez, las y los trabajadores participan activamente en esta conversación sobre el futuro de los biocombustibles, la justicia ambiental y la transición energética justa y ecológica que impulsa. Más allá de la huella de carbono, hay otras huellas. El Plan Nacional de Desarrollo habla del ordenamiento alrededor del agua, por lo cual el eje estructurante para pensarnos lo ambiental es el agua. No podemos promover lo que atenta contra ella, porque sin agua no hay vida ni cultivos», señaló Vélez Torres.
Con este encuentro, el Ministerio de Minas y Energía reiteró su compromiso con la transición energética justa, la construcción participativa de políticas públicas y el desarrollo sostenible del sector de biocombustibles, avanzando en decisiones concertadas que incluyen a los trabajadores, los productores y las comunidades rurales del país.
