Canadiense demanda a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
El canadiense GLENEN Alexander Ross, está demandando al Magistrado Jorge Hernán Díaz Soto de la Corte Suprema de Justicia por la resolución de las más de 200 peticiones de habeas corpus presentadas en nombre de los más de 100.000 reclusos.
La demanda acaba de ser presentada ante el tribunal para que se asigne a un Magistrado para que la resuelva.
A través de una exhaustiva carta de 25 páginas, el abogado canadiense Glenn Alexander Ross, actuando en nombre de la organización internacional «Abogados por las Libertades Civiles», solicitó la liberación inmediata de todas las personas detenidas en Colombia que hayan sido imputadas por conductas tipificadas en el Código Penal.
En su comunicación, Ross destacó la importancia de los derechos humanos y del debido proceso, subrayando la necesidad de respetar los principios de justicia y la presunción de inocencia.
La carta también aboga por la implementación de reformas legales que garanticen un trato justo y equitativo a todos los individuos sometidos a la justicia penal. Además, se hace hincapié en la urgencia de llevar a cabo una revisión exhaustiva de los casos, especialmente aquellos vinculados a detenciones arbitrarias y violaciones de derechos que podrían ser resultado de abuso de poder.
Con este llamado, Abogados por las Libertades Civiles busca no solo la libertad de los detenidos, sino también la prevención de futuros abusos dentro del sistema legal colombo, promoviendo un entorno en el que se respeten integralmente las libertades civiles y los derechos fundamentales de cada persona.
La Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, confirmó la decisión tomada el 16 de octubre de 2024, cuando un magistrado de la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona declaró la improcedencia de la solicitud de habeas corpus presentada por Ross.
En sus consideraciones, la Corte Suprema subrayó que las solicitudes de habeas corpus no podían ser atendidas en el caso en cuestión, ya que no había evidencia que indicara que alguna de las personas detenidas en el establecimiento penitenciario de Pamplona estuviera siendo encarcelada de modo ilegal.
La Corte refirió que la legalidad de la detención y los derechos de los reclusos deben ser protegidos conforme a la ley, y que la evaluación de las condiciones de su detención no justificaba el amparo solicitado.
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