LA CONSTITUYENTE QUE PROMUEVE EL PRESIDENTE. Por Álvaro Morales de León

Colombia es un país que se ha reinventado a sí mismo a través de sus constituciones. Hablar de una Asamblea Nacional Constituyente no es hablar de un trámite burocrático ni de un ejercicio retórico del poder, es hablar del momento en que una nación decide mirarse al espejo y reescribir el pacto que la une.

En nuestra historia republicana, dos Constituyentes se erigen como fortaleza de nuestro país. La de 1821, que nos dio patria, y la de 1991, que nos devolvió la esperanza.

La primera de ellas nació de la voluntad de un hombre que soñaba con una nación más grande que sus propias fronteras. En 1821, bajo el liderazgo de Simón Bolívar, se convocó el Congreso de Cúcuta, la primera gran Asamblea Constituyente de la república naciente. Su propósito era ambicioso y visionario: fundar la Gran Colombia, ese proyecto continental que reuniría en un solo cuerpo político a los territorios que hoy conocemos como Venezuela, Ecuador y Colombia.

Fue una decisión tomada por los diputados, a quienes hoy llamaríamos congresistas, y lo hicieron sin consulta directa al pueblo. Una aprobación indirecta, legítima para su tiempo, pero que expresaba los límites democráticos de una época en que la soberanía popular aún se ejercía por representación estricta y no por participación ciudadana. El pueblo, recién liberado del yugo colonial español, no votó; lo hicieron sus delegados.

Ciento setenta años después, la historia volvería a llamar a las puertas de Colombia con urgencia y con sangre. A finales de la década de 1980, el país se desmoronaba bajo el peso combinado del narcotráfico, el terrorismo y el asesinato sistemático de líderes políticos. Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, nombres que se convirtieron en epitafios de una democracia herida. La institucionalidad crujía. La Constitución de 1886, la de Rafael Núñez, centenaria y rígida, ya no alcanzaba para contener la crisis ni para responder a los nuevos tiempos.

Fue entonces cuando la sociedad civil, y en particular los estudiantes universitarios, tomaron la palabra de una manera que nadie esperaba. Surgió así el movimiento de “La Séptima Papeleta”: una iniciativa ciudadana que proponía incluir, en las elecciones del 11 de marzo de 1990, un voto adicional, una séptima papeleta, con una pregunta sencilla y poderosa: «Voto por una Asamblea Nacional Constituyente».

En aquella jornada electoral en que los colombianos elegían Senado, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales, Juntas Administradoras Locales y además participaban en la consulta interna del Partido Liberal para escoger candidato presidencial, miles de ciudadanos depositaron esa papeleta no oficial en las urnas. Era la voz del pueblo reclamando su lugar en la historia.

El presidente Virgilio Barco enfrentó una paradoja incómoda: la victoria moral y numérica de esa papeleta era innegable, pero carecía de respaldo jurídico formal. En un principio, el gobierno se mostró reacio a reconocer el resultado; sin embargo, el peso de la voluntad popular y la crisis institucional terminaron doblando la mano del ejecutivo. Barco acabó avalando el proceso, y su sucesor, César Gaviria, lo llevaría a término.

La Corte Suprema de Justicia, en una decisión histórica, respaldó la convocatoria argumentando que el poder constituyente primario, es decir, el pueblo soberano, no podía ser constreñido por la constitución vigente. El camino estaba abierto.

La Asamblea Nacional Constituyente sesionó durante cinco meses, entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991. Fue un ejercicio plural e inédito, allí se sentaron delegatarios de movimientos guerrilleros reinsertados, representantes indígenas, defensores de derechos humanos, políticos tradicionales y voces que nunca antes habían tenido asiento en una mesa constitucional.

El resultado fue una carta política radicalmente distinta a la centenaria que reemplazó. La Constitución Política de 1991 consagró un catálogo generoso de Derechos Fundamentales, fortaleció la participación ciudadana con mecanismos como la tutela, el referendo y la consulta popular, reorganizó el Estado y creó instituciones de control que transformarían el paisaje jurídico del país, entre ellas la Corte Constitucional, guardiana del nuevo texto constitucional.

Dos Constituyentes, dos épocas, dos formas de entender la soberanía. La de 1821 fue la constituyente del nacimiento, la que forjó un estado en el fragor de la independencia. La de 1991 fue la constituyente de la refundación, la que apostó por la dignidad humana como cimiento de la república.

Hoy, cuando el debate sobre una nueva constituyente regresa con fuerza al escenario político, vale la pena recordar ambas lecciones; que los grandes cambios constitucionales requieren no solo voluntad política, sino también legitimidad popular, pluralismo genuino y altura de miras. La historia colombiana ya demostró que cuando el pueblo toma la palabra, aunque sea a través de una sencilla papeleta, las constituciones se transforman y las naciones se reinventan.

Finalmente, entonces, ¿por qué asustarse con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, si lo que el presidente Petro está promoviendo es solo la introducción a la Constitución del 91 de aspectos relacionados para combatir la corrupción en el país, y establecer normas y procedimientos para las reformas sociales que necesita Colombia, hoy bloqueadas por el Congreso; así como también la reestructuración del sistema político e institucional?

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