Carrasquilla advierte: Colombia necesita un “sustico fiscal”
Por: Ángel Martínez Casanova
En el marco del Congreso Asofondos 2026, el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla reactivó el debate sobre la sostenibilidad fiscal del país al advertir la necesidad de un ajuste correctivo que, en sus términos, equivaldría a un “sustico fiscal”. La declaración, lejos de una metáfora aislada, se inscribe en un contexto de deterioro de los indicadores macrofiscales, donde el crecimiento del gasto público y la dependencia del endeudamiento configuran un escenario de vulnerabilidad estructural.
Los fundamentos fiscales evidencian un desbalance persistente. Para 2026, el recaudo tributario proyectado difícilmente superará el 16 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el gasto público se mantiene en niveles de entre 22 % y 23 % del PIB, generando una brecha cercana a los siete puntos porcentuales. Este diferencial obliga al Gobierno a financiar una proporción significativa de su presupuesto mediante deuda, consolidando un modelo fiscal altamente apalancado y expuesto a las condiciones del mercado financiero.
El Gobierno de Colombia, a través de su Plan Financiero 2026, plantea una reducción del déficit fiscal hasta el 5,1 % del PIB, lo que representa un ajuste de 1,2 puntos porcentuales frente al año anterior. No obstante, en términos absolutos, el déficit se mantendría en 102,2 billones de pesos, mientras que el déficit primario —sin incluir intereses— alcanzaría 41,4 billones, equivalente al 2,1 % del PIB. Estas cifras reflejan un esfuerzo de consolidación fiscal, aunque limitado por la debilidad del recaudo y la ausencia de nuevas fuentes estructurales de ingresos.
La presión sobre las finanzas públicas se intensifica al analizar las necesidades de financiamiento. Para cubrir el faltante fiscal, el Gobierno proyecta desembolsos totales por 128,4 billones de pesos en 2026, reforzando su dependencia de los mercados de deuda tanto internos como externos. Este nivel de exposición incrementa la sensibilidad de la economía ante cambios en tasas de interés, percepción de riesgo país y volatilidad cambiaria, especialmente considerando que aproximadamente el 30 % de la deuda está denominada en moneda extranjera.
El principal foco de presión se concentra en el servicio de la deuda. Para 2027, el pago de intereses alcanzaría un máximo histórico de 90 billones de pesos, lo que representa cerca del 73 % del servicio total de la deuda, estimado en 124,5 billones. Este nivel de carga financiera implica una reasignación significativa del presupuesto, donde los compromisos financieros compiten directamente con el gasto social y la inversión pública, limitando la capacidad del Estado para impulsar crecimiento económico y desarrollo territorial.
La comparación intersectorial ilustra la magnitud del desafío fiscal. El pago de intereses se aproxima al presupuesto destinado a educación, estimado en 91,6 billones de pesos, y supera ampliamente los recursos asignados a salud y protección social, que rondan los 81,3 billones. Este desplazamiento presupuestal evidencia un efecto de “crowding out” sobre la inversión pública, la cual se proyecta en apenas 13,8 % del presupuesto total para 2027, reduciendo el margen de acción del Estado en infraestructura, productividad y capital humano.
En este contexto, la advertencia de Carrasquilla adquiere relevancia técnica al señalar la necesidad de ajustes estructurales en el manejo del gasto y la política de endeudamiento. La sostenibilidad fiscal de Colombia dependerá de la capacidad institucional para mejorar la eficiencia del gasto, fortalecer el recaudo y recuperar el equilibrio macroeconómico, evitando que la dinámica actual evolucione hacia un escenario de mayor estrés financiero que comprometa la estabilidad económica de mediano plazo.
