Asobancaria denuncia “cartel de la insolvencia” que usaría deudas ficticias para evadir pagos

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) alertó sobre un incremento en el uso irregular de los mecanismos de insolvencia en el país, utilizados para evadir el pago de obligaciones con entidades financieras, el sector solidario, empresas Fintech, compañías de telecomunicaciones y proveedores del sector real.

El gremio señaló que, aunque la insolvencia está contemplada en la ley como una herramienta para personas con dificultades reales de pago, en los últimos dos años se ha registrado un aumento de solicitudes con inconsistencias y actuaciones de mala fe. Estas prácticas estarían relacionadas con la operación de una estructura denominada “cartel de la insolvencia”.

De acuerdo con el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, se han identificado patrones que evidencian la existencia de una red que promueve el uso indebido de esta figura. “Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones”, afirmó.

Según la información presentada, esta estructura estaría integrada por abogados, asesores y algunos centros de conciliación que facilitarían el acceso irregular al proceso. Entre las prácticas detectadas se encuentran la creación de deudas ficticias para cumplir requisitos legales y la inclusión de supuestos acreedores que aparecen en múltiples procesos, algunos de ellos privados de la libertad.

Asobancaria indicó que también hay indicios de coordinación entre ciertos abogados y centros de conciliación para tramitar solicitudes con inconsistencias, mediante esquemas repetitivos en los que participan los mismos actores.

En cifras, el gremio señaló que hace diez años se registraban cerca de 400 procesos de insolvencia de personas naturales, mientras que en el último año la cifra alcanzó 20.000 y podría superar los 35.000 en el actual. Con un monto promedio cercano a 30 millones de pesos por caso, la exposición del sistema financiero se aproximaría a un billón de pesos, sin incluir otros sectores afectados.

El abogado penalista Iván Cancino advirtió que quienes participen en estos esquemas pueden incurrir en delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento. “Si son condenados pueden enfrentar penas de prisión”, señaló. También mencionó posibles responsabilidades por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Por su parte, Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, indicó que la figura de insolvencia fue diseñada para atender situaciones de incapacidad de pago y no para evitar el cumplimiento de obligaciones. Añadió que el uso indebido puede derivar en sanciones disciplinarias para abogados y afectar el acceso al crédito de los usuarios.

El gremio también advirtió que estas prácticas impactan la confianza en el sistema, pueden incrementar las condiciones de acceso al financiamiento y elevar el costo del crédito. Asimismo, señaló que el fenómeno no se limita al sector financiero, ya que también afecta relaciones entre particulares y el recaudo de impuestos.

Asobancaria informó que ha iniciado acciones legales contra presuntos responsables y solicitó a las autoridades fortalecer los mecanismos de supervisión. También hizo un llamado a los ciudadanos para utilizar de forma adecuada las herramientas legales y evitar su vinculación en este tipo de prácticas.