LOS “EPSTEIN” DE CARACOL TV

Por Alvaro Morales de León

Lo que hoy ocupa titulares y conversaciones en Colombia no es un escándalo cualquiera, es el síntoma de una enfermedad más profunda: la normalización del abuso bajo el amparo del poder. Los hechos que rodean al canal privado Caracol Televisión han dejado al descubierto una realidad incómoda que durante años se susurró en pasillos, pero que rara vez trascendió con la contundencia que hoy exige el país.

La salida del periodista deportivo Ricardo Orrego, tras señalamientos de acoso sexual a periodistas de la redacción, a practicantes del oficio e incluso, presuntamente, a un compañero de trabajo, no puede analizarse como un hecho aislado; es, más bien, la consecuencia de una cadena de comportamientos que, de confirmarse, evidencian una cultura laboral permisiva, donde los límites éticos fueron desplazados por la arrogancia del reconocimiento público.

Pero tan revelador como el despido es el contraste con la situación del veterano Jorge Alfredo Vargas, cuya salida, según versiones ampliamente difundidas, habría sido negociada para poner fin a un contrato millonario que rondaba los 70 millones de pesos mensuales. La diferencia en el tratamiento no pasa desapercibida: mientras uno cae en medio del escándalo, otro se retira en silencio; y esa disparidad plantea una pregunta incómoda: ¿se administra la justicia según la gravedad de los hechos o según el peso
del implicado?

Todo indica que algunos presentadores del canal, curtidos en años de pantalla, nunca pudieron, o nunca quisieron controlar sus impulsos. La desmedida lujuria, disfrazada de confianza o cercanía, terminó desbordando cualquier frontera profesional; y cuando eso ocurre, no solo se pierde el empleo, se pierde la dignidad, se fracturan familias y se destruye la reputación construida durante décadas.

Sin embargo, conviene hacer una precisión fundamental. A los impulsos del deseo sexual nadie escapa porque son parte de la naturaleza humana, pero precisamente por eso existen normas, valores y principios que regulan su expresión. El problema no es sentir, es actuar sin límites. El problema no es el deseo, es la imposición. El problema no es la atracción, es el abuso de poder; por eso bien lo dijo el apóstol Santiago, “La
tentación nace de los deseos incontrolados” (Santiago 1: 14-15)

En estos casos, la relación jerárquica es determinante. No es lo mismo una interacción entre iguales que una donde se tiene la capacidad de influir en la carrera, las oportunidades o la estabilidad del otro. Allí, el consentimiento se vuelve frágil y la presión, aunque silenciosa, se convierte en un factor decisivo.

Lo más preocupante es que este fenómeno no se limita a los medios de comunicación. El abuso sexual se reproduce en el servicio doméstico, donde muchas trabajadoras carecen de protección efectiva; en oficinas públicas y privadas, donde el miedo al despido silencia denuncias; en universidades y colegios, donde la autoridad académica puede convertirse en instrumento de coerción; en el gobierno, el Congreso y la política,
donde el poder se ejerce con frecuencia sin controles; e incluso en congregaciones religiosas, donde la confianza espiritual ha sido, en demasiados casos, traicionada.

Por eso, lo ocurrido en Caracol Televisión debe ser un punto de inflexión. No basta con desvincular a los implicados cuando el escándalo estalla. Se requiere una transformación profunda en la forma en que las instituciones previenen, investigan y sancionan estas conductas. Protocolos claros, canales seguros de denuncia y decisiones transparentes no son un lujo: son una obligación.

Pero también hay una responsabilidad individual ineludible. Ningún cargo, ningún salario, ninguna fama otorga licencia para vulnerar la dignidad de otro ser humano. El talento no justifica el abuso. La trayectoria no borra la falta. Y el silencio, lejos de proteger, termina por condenar.

Al final, todo se resume en tres palabras que deberían ser innegociables: principios, respeto y límites. Principios para actuar con integridad incluso cuando nadie observa.

Respeto para reconocer en el otro a un igual, no a un objeto. Límites para entender que la libertad propia termina donde comienza la dignidad ajena.

Cuando estos pilares se rompen, no solo caen individuos. Se resquebrajan instituciones, se erosiona la confianza pública y se perpetúa un modelo de impunidad que la sociedad ya no está dispuesta a tolerar.
Colombia no necesita más escándalos que se diluyan con el tiempo.

Necesita decisiones firmes, coherencia institucional y una cultura que deje claro, sin ambigüedades, que el abuso no tiene cabida en ningún espacio. Porque, en definitiva, la cuestión no es de nombres. Es de principios. De respeto. Y de límites.

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