TAMBIÉN LAS GARITAS FUERON CARRETA
Por Álvaro Morales de León.
Cartagena de Indias, la joya turística del Caribe colombiano, enfrenta hoy no solo la furia de un clima cada vez más impredecible, sino también el reflejo de una gestión pública que parece funcionar más como una promesa bien elaborada que como un plan de protección eficaz.
El reciente frente frío que azotó nuestras playas los días 7 y 8 de febrero de 2026 dejó a la vista la fragilidad de las infraestructuras que deberían simbolizar seguridad, resiliencia y planificación: las famosas garitas de salvavidas diseñadas y construidas por la Alcaldía Distrital a través de Distriseguridad.
Lo que debía ser un emblema de protección ciudadana, estructuras resistentes y durables para más de 30 años, según palabras del director de Distriseguridad, Jaime Hernández Amín, en su inauguración oficial, terminó convertido en escombros en cuestión de horas. La playa de Marbella, una de las zonas más
concurridas del litoral cartagenero, fue testigo de cómo estas casetas no soportaron los vientos intensos y oleajes provocados por el frente frío, poniendo en entredicho no solo la calidad de los materiales, sino la planificación y la seriedad de una obra que costó cifras millonarias al erario cartagenero.
Según documentos oficiales y comunicados de la Alcaldía, el proyecto integral de señalización y casetas para salvavidas en las playas del distrito se ejecutó mediante un contrato interadministrativo entre Distriseguridad y Edurbe S.A., por un total de $5.105.664.407 pesos colombianos.
Este monto incluyó la construcción de 20 garitas para salvavidas junto con señalización en varios sectores como unta Canoa, La Boquilla, Marbella, Bocagrande, Castillogrande y zonas nsulares, proponiendo así una supuesta mejora en la seguridad y experiencia de los bañistas.
Cartagena i dividimos ese contrato equitativamente (sin contar la señalización y otros insumos asociados), cada caseta tendría un costo aproximado de más de $250 millones de pesos por unidad. Dicha cifra no es cualquier cifra: supera con creces el costo de muchas obras públicas similares en otras ciudades turísticas de
Colombia y, según informes de concejales y reportes en redes sociales, fue objeto de denuncias por presunto sobrecosto, con afirmaciones que “cada unidad costó alrededor de $250 millones de pesos.
¿Y qué recibieron los cartageneros por ese dinero? Estructuras que, según testimonios técnicos laterales y fuentes de prensa, fueron incapaces de soportar vientos de 40 km/h y un oleaje reforzado por el fenómeno de mar de leva, condiciones que no son inéditas ni extraordinarias para una ciudad costera como
Cartagena.
El contraste resulta dantesco: mientras la administración hablaba de garitas equipadas con materiales de alta calidad y durabilidad, hoy muchas de ellas parecen haber sido diseñadas para mercados interiores y no para enfrentar la gresividad natural del Caribe colombiano. El resultado no solo es un espectáculo de hierro deformado, madera quebrada y redes destruidas, sino el reflejo de una inversión millonaria que se pulverizó en apenas un día de condiciones adversas.
Para agravarlo, esta no es la primera vez que proyectos costeros en Cartagena terminan cuestionados por su ejecución ante los embates del mar. Obras recientes como un muelle nuevo en Playa Blanca, inaugurado con gran pompa, fueron arrasadas por el oleaje en febrero de 2026 a menos de una semana de su apertura, generando críticas similares sobre la capacidad de planificación técnica del Distrito.
La pregunta que hoy surge con fuerza es, ¿por qué un gasto de esta magnitud termina en ruinas ante algo que, en el Caribe, se anuncia con pronósticos meteorológicos? ¿Y quién responde por la palabra oficial que juraba estructuras de durabilidad “superior a 30 años”?
No se trata solo de una crítica estética o política: la salud pública y la seguridad de residentes y turistas dependen de la protección efectiva de quienes arriesgan su vida cada día en las playas. Los salvavidas, cuyo trabajo es heroico y arriesgado, ahora ven cómo las herramientas que se les prometieron para facilitar su labor resultan insuficientes, frágiles y, en el peor de los casos, peligrosas.
Cartagena exige respuestas. No solo cifras infladas en contratos ni discursos triunfalistas en inauguraciones. Exige infraestructuras robustas, planificación con criterio técnico y responsabilidad política. Porque el mar continuará golpeando, como siempre lo ha hecho. La verdadera prueba, y la verdadera responsabilidad,
es que nuestras obras y decisiones también resistan.
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