Harina de trigo: el motor silencioso de la alimentación latinoamericana y la apuesta estratégica de Colombia en ALIM 2025
La industria molinera llega a un punto de inflexión. No solo por la evolución de los hábitos de consumo y el impacto de la economía en el bolsillo de los hogares, sino porque enfrenta un reto mayor: demostrar que el trigo y sus derivados siguen siendo pilares de seguridad alimentaria, desarrollo económico y sostenibilidad. En ese contexto, Colombia es sede de la 43° Asamblea de la Asociación Latinoamericana de Molineros Industriales de Trigo (ALIM), un evento que reunea los líderes que producen el 65% de la harina de trigo de toda Latinoamérica y que posiciona al país como centro neurálgico para repensar el futuro del sector.
El trigo, aunque ausente como cultivo en Colombia, es una de las materias primas más determinantes de la economía doméstica regional. El continente produce 29 millones de toneladas de harina de trigo, base de una cadena de valor que atraviesa fronteras y mesas familiares. En Colombia, se producen 1,4 millones de toneladas de harina de trigo fortificada, lo que garantiza que el pan, las pastas o las galletas mantengan un aporte nutricional clave para una población donde el 40% consume alimentos solo una o dos veces al día, una realidad que se traduce en inseguridad alimentaria estructural.
La fortificación es un elemento decisivo: desde 1996, toda la harina del país es enriquecida con hierro, ácido fólico y vitaminas del complejo B. Gracias a esto, alimentos cotidianos como el pan o la pasta se han convertido en vehículos nutricionales, especialmente en sectores vulnerables. Para Noticias Vital, se trata de un eje que atraviesa la salud pública, la industria y la economía del hogar. En regiones donde los precios fluctúan y las proteínas animales se vuelven inaccesibles, la harina de trigo sostiene la ingesta calórica y vitamínica diaria de millones.
La cadena de valor del trigo en Colombia es un ecosistema robusto. Aunque el grano es importado —principalmente desde Canadá, Estados Unidos y Argentina— 20 empresas nacionales procesan harina con 40 plantas industriales, generando 17.870 empleos formales. Esto se conecta con otro eslabón vital: las panaderías de barrio. Cerca de 20.000 puntos en el país compran directamente a los molinos, creando una red logística y comercial que llega a zonas donde otras industrias no logran penetrar. Ese vínculo cultural se ha mantenido intacto: el consumidor latinoamericano sigue prefiriendo el pan fresco, elaborado cerca de su hogar, con identidad local.
El comportamiento del consumo confirma la magnitud de esta industria. Un estudio reciente de Raddar y la Cámara Fedemol evidenció que en 2024 los hogares colombianos gastaron más de $25 billones en alimentos derivados del trigo, equivalentes al 7,6% del gasto total en alimentación. La mitad corresponde al pan, el 40% a galletas y el 10% a pastas, categoría que crece con rapidez. Aunque el pan mantiene estabilidad —con un incremento real de 0,42%— las pastas muestran un fenómeno ascendente asociado al cambio generacional. Las nuevas cohortes buscan procesos productivos sostenibles, materias primas con menor impacto ambiental y cadenas más transparentes. El trigo, paradójicamente, avanza como protagonista en la dieta moderna.
El panorama regional refuerza el lugar central de este alimento. Argentina y Chile consumen más de 70 kilos de pan per cápita al año, mientras Uruguay alcanza 17 kilos de pasta. Colombia registra 22 kg en panadería, 4 kg en galletas y 2 kg en pastas, siendo estas últimas la categoría con mayor crecimiento en el último lustro. El consumo va más allá de lo cultural: se trata de una decisión económica y funcional.
La discusión sobre alimentos ultraprocesados ha generado confusión pública. En Colombia, el impuesto saludable NO aplica al pan ni a la pasta. Sí lo hace sobre galletas y productos de pastelería, afectando directamente a panaderías de barrio que han visto disminuir ventas y márgenes. La precisión es crítica, porque el debate tributario y de salud no puede penalizar alimentos básicos que están fortificados y cumplen una función social.
La elección de Cartagena como sede de ALIM 2025 tiene peso histórico. Allí nació hace 164 años la primera industria molinera de trigo del país, y es uno de los puntos neurálgicos de comercio marítimo del continente. La ciudad recibirá a más del 80% de los participantes internacionales, consolidando su rol estratégico en la economía agroalimentaria. La agenda del evento también rompe paradigmas: por primera vez se abordarán temas como inteligencia artificial aplicada al procesamiento, liderazgo empresarial y sostenibilidad climática. Los expertos discutirán cómo las nuevas herramientas digitales pueden optimizar cadenas de abastecimiento, reducir huellas de carbono y anticipar demandas de los consumidores.
Latinoamérica no puede ignorar que el cambio climático afecta rendimientos, logística y costos. Desde prácticas agrícolas responsables en países productores hasta sistemas de transporte de baja emisión, el sector molinero tendrá que asumir responsabilidades más allá de la planta industrial. ALIM 2025 no es solo un encuentro técnico: es una plataforma política y económica que impactará la seguridad alimentaria regional.
En el corazón de esta agenda están los voceros oficiales de la industria. Su función es transmitir con claridad la importancia del trigo, explicar su papel social y asegurar información unificada ante consumidores, gobiernos y medios. La molinería no es solo un sector industrial: es una red que sostiene empleos, cadenas rurales, panaderías locales y familias que encuentran en la harina una opción nutritiva, accesible y confiable. Noticias Vital
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