LOS SEÑALAMIENTOS PENALES QUE HAN PERSEGUIDO A URIBE

Alvaro Morales de León

Durante más de tres décadas en la vida pública, Álvaro Uribe Vélez ha sido una de las figuras más influyentes y polarizantes de la historia reciente de Colombia. Su legado está marcado por una férrea lucha contra las guerrillas, la implementación de políticas de seguridad democrática, y un liderazgo político que ha movilizado tanto lealtades inquebrantables como rechazos viscerales. Sin embargo, su trayectoria también ha estado rodeada de múltiples señalamientos judiciales por presuntos delitos que van desde vínculos con grupos paramilitares hasta manipulación de testigos y espionaje ilegal.

Las chuzadas del DAS fueron uno de los escándalos más emblemáticos del uribismo. Las interceptaciones ilegales de comunicaciones por parte del DAS, durante su presidencia, a partir de 2009, se reveló que este organismo espió a magistrados de las altas cortes, a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de oposición. La justicia condenó a más de veinte funcionarios del DAS, incluidos sus directores, pero nunca se comprobó judicialmente que Uribe hubiera ordenado dichas acciones. El expresidente ha sostenido que nunca autorizó interceptaciones ilegales y que las actuaciones de los funcionarios fueron autónomas y contrarias a la ley.

En el 2004 apareció el escándalo de “la Yidispolítica” cuando el Congreso, estando prohibida la reelección, aprobó una reforma constitucional que la permitió para que Uribe se reeligiera. Años después, en 2008, la exrepresentante Yidis Medina, dado el escándalo que había surgido, confesó haber recibido ofrecimientos del gobierno de Uribe a cambio de su voto favorable para la aprobación de la reelección. La Corte Suprema de Justicia la condenó por cohecho, y a varios funcionarios del gobierno de Uribe, incluidos los ministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio. Sin embargo, la justicia no halló responsabilidad directa del entonces presidente Uribe, y en el 2016 fue absuelto de cualquier vinculación formal con estos hechos.

Uno de los episodios más dolorosos del mandato del expresidente Uribe fueron las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. Bajo su política de seguridad democrática, se incentivó el conteo de bajas en combate como indicador de éxito militar. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2008 se documentaron más de 6.400 casos de civiles asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. Organizaciones de derechos humanos y sectores judiciales han señalado que estas ejecuciones ocurrieron en el contexto de una política de presión por resultados. Uribe ha negado cualquier responsabilidad directa y ha sostenido que su gobierno actuó para sancionar estas prácticas en cuanto fueron conocidas.

Desde los años noventa, diversos testimonios y documentos han relacionado a Álvaro Uribe con estructuras paramilitares, especialmente en Antioquia. El caso del Bloque Metro, señalado por antiguos paramilitares como una organización con respaldo de sectores ganaderos y políticos, ha salpicado al expresidente Uribe y a su hermano Santiago, actualmente procesado. En múltiples declaraciones judiciales, exjefes paramilitares como Juan Guillermo Monsalve han afirmado que Uribe participó en la conformación o apoyo de estas estructuras ilegales. Hasta la fecha, ningún tribunal ha emitido condena contra el expresidente por estos hechos, pero las investigaciones siguen abiertas.

El proceso judicial más reciente y significativo para Uribe, y que acaba de terminar, se remonta a 2012, cuando denunció al senador Iván Cepeda por presuntamente manipular testigos en su contra. La Corte Suprema no solo archivó la denuncia, sino que abrió una investigación contra Uribe por soborno y fraude procesal. La Fiscalía lo acusó de intentar influir sobre exparamilitares presos para que declararan falsamente a su favor. Este 28 de julio de 2025, la Juez Penal 44 del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, lo declaró culpable en primera instancia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, considerando probado que Uribe fue determinador de una estrategia para manipular testimonios en su beneficio. Es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente es condenado penalmente.

Uribe también ha sido señalado por su cercanía con funcionarios luego condenados por narcotráfico, como su jefe de seguridad Mauricio Santoyo, y por la entrega irregular de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que terminó beneficiando a sus aliados políticos. Asimismo, ha sido demandado por injuria y calumnia en casos como el del periodista Daniel Samper Ospina, proceso que perdió y por el cual tuvo que retractarse públicamente.

Uribe fue gobernador de Antioquia entre los años 1995 y 1997. Años en los que se le ha señalado como determinador de dos masacres, de la conocida como la masacre de “La Granja”, en 1996, y de “Masacre del Aro”, donde murieron 15 campesinos producto de la incursión de helicópteros de la AUC ocurrida entre el 22 y el 25 de octubre de 1997. A pesar de todo, los defensores del expresidente destacan su lucha contra las FARC, la recuperación de la seguridad y el crecimiento económico durante sus gobiernos. Los críticos, en cambio, insisten en que su administración institucionalizó la impunidad, pactó con grupos ilegales y promovió el autoritarismo.

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