LA GUERRA JURÍDICA E INSTITUCIONAL CONTRA PETRO
Por Alvaro Morales de León.
La obstinada Derecha colombiana todavía no ha logrado asimilar que después de dos intentos por llegar a la Casa de Nariño, el exguerrillero Gustavo Petro en esta ´última ocasión lo logró en las elecciones del 2022, y lo hizo con el poder popular representado en 11´281.013 votos equivalentes al 50.44% de la masa del potencial de colombianos habilitados para votar; lo que quiere decir, que un poco más de la mitad de los inscritos para votar, apoyaron su candidatura a la Presidencia de Colombia dentro de un proceso democrático al cual se sometió como se ha sometido de igual manera en los otros en los que ha participado.
Pero desde su inicio, su mandato ha sido un camino de espinas que le ha tocado ir limpiando por causa de sus opositores, sus enemigos, los de la derecha y los de la recalcitrante ultraderecha, de la cual no hay que ignorar ni desconocer a los Magistrados de las Altas Cortes que también le hacen oposición al Presidente.
Al presidente Petro lo han esculcado en todo, hasta debajo de sus cobijas, hasta donde ha llegado la inescrupulosa e irrespetuosa prensa de Colombia involucrándose en sus asuntos personales y familiares, hasta llegar a tildarlo como el peor ser humano que existe, según ellos.
La guerra jurídica e institucional contra el Presidente no sólo busca desestabilizarlo políticamente sino, además, busca su verdadero propósito, “tumbarlo”, como lo tiene claro el Primer Mandatario.
El plan continúa con Magistrados del CNE subjúdices y con prontuario delincuencial como Cesar Lourduy, de “Cambio Radical”, y con Alvaro Hernán Prada, del Centro Democrático.
El primero, Cesar Lourduy, barranquillero, del grupo de los Char y súbdito de Vargas Lleras, hoy presidente del CNE, cuando tenía 23 años de edad asesinó en 1979, con arma de fuego, en un Café de Barranquilla y de manera intencional, a su entonces novia, de 16 años, Alicia Mercedes Ribaldo; crimen del cual salió exonerado por vencimiento de términos; pero a este nefasto personaje que han amparado políticamente los Char, lo han seguido acusando de acoso sexual en los sitios de trabajo por donde ha pasado, y no le pasa nada.
A Lourduy, el más cruel de todos, lo acaban de elegir Presidente, a pesar de su prontuario delincuencial, como una venganza de Vargas Lleras contra el Presidente Petro por haberle ganado el pulso en la elección del nuevo Procurador, Gregorio Eljach.
El segundo Magistrado de este corrupto CNE es Alvaro Hernán Prada, uribista, declarado enemigo del presidente Petro e involucrado en el mismo proceso judicial que se le sigue al expresidente Alvaro Uribe por soborno a testigos, Esta perlita de Magistrado fue el ponente del proyecto de la decisión tomada contra el Presidente y por la cual votaron 7 de los 9 Magistrados, y dos, salvaron su voto por no estar de acuerdo con lo que se decidía.
Este marte 8 de octubre La Sala Plena del CNE decidió, con ponencia del uribista Magistrado, Alvaro Hernán Prada abrir una investigación y formular cargos a la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022 por violar, presuntamente, los topes de financiación permitidos por la Ley para las campañas políticas.
Entendidos en la materia, respetados juristas, con sólidos argumentos afirman que el CNE no tiene la facultad para abrir investigación al Presidente de la República por supuestamente superar los topes financieros de su campaña política; y no puede hacerlo por el simple motivo que el Presidente de la República tiene un fuero especial y Constitucional que lo hace inmune a las decisiones de este Consejo como lo establece el artículo 199 de nuestra Constitución Política, la cual desconoce el CNE.
Sigue añadiendo la jurista conocedora del proceso contra el Presidente Petro que el CNE no tuvo en cuenta para tomar su decisión, los elementos de prueba aportados; y como pruebas sólo tomó recortes de periódicos.
En esta decisión del CNE, aunque involucraron al que fuera gerente de la Campaña, y hoy, gerente de Ecopetrol, doctor Ricardo Roa; a la tesorera, Lucy Aydeé Mogollón; a los auditores, Mary Lucy Soto, y Juan Carlos Soto; hoy no pueden vincular al presidente Petro porque sencillamente su fuero constitucional así lo dicta.
Finalmente, en esta decisión de los siete Magistrados del CNE, dentro de ellos los subjúdices Cesar Lourduy, su presidente; y el magistrado ponente, el uribista, Alvaro Hernán Prada, al presidente Petro le violaron sus derechos y también el debido proceso.
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