Con el desmonte de AQUARELA sin una orden judicial definitiva, Alcalde Dumek de Cartagena puede meter al Distrito en una contingencia jurídica adversa
La demolición del edificio Aquarela sigue siendo un tema de interés en medio de las inquietudes que se tienen respecto al procedimiento para desaparecer la estructura y las responsabilidades en torno al mismo. Gilma Úsuga, representante y asesora de Promotora Calle 47, constructora del edificio, habló para el Portal informativo Colmundo y aseguró que la intervención del Distrito en la obra es una “actuación contraria al derecho”.
Ella asegura que el alcalde y la administración se han apoyado en una decisión de primera instancia, emitida por el Juzgado 12 Administrativo de Cartagena el 31 de marzo de 2023, que resolvió en etapa preliminar el proceso de Acción Popular iniciado por el Ministerio de Cultura, pero que aún no existe una orden judicial en firme que obligue en forma definitiva a la demolición total de la estructura.
Úsuga asegura que esta “actuación antijurídica del alcalde” se entiende como una promesa de campaña: “Cartagena jamás ha estado, en estos 6 años de polémica, en la lista de riesgos de la #UNESCO. Es obviamente una acción anticipada ante un error que no tuvo nada que ver con los constructores”.
En el marco de esta actuación anti-jurídica, para la cual el Distrito se apoya en fallo no determinante, también se estipula que – de llegarse a ratificar dicho fallo- el Distrito como ente licenciador del proyecto debe asumir los costos de la demolición, en tanto que el constructor solo es responsable de la restitución d elos 619 m2 que corresponden tan solo al 6% de la estructura total. «No es cierto, ni es procedente, como dice el alcalde, cobrar el desmonte a los constructores».
De otro lado, la vocera afirma que el fallo policivo adoptado por la Inspección de Policía en octubre de 2018, donde se ordena a la constructora la restitución de 24 m2 de superficie de espacio público (Que totalizan 619 m2 en vertical) fue adoptado con base en una pruebas no idóneas presentadas por Planeación Distrital “de manera amañada”, y cuyas autoras (dos arquitectas adscritas a Planeación Distrital) se encuentran inmersas en un proceso penal. A su vez, Gilma Úsuga aseguró que la constructora no intervino el edificio antes, no por falta de voluntad, sino porque la Curaduría Urbana y la Secretaría de Planeación negaron la modificación de la licencia para perfilar el edificio, la cual fue solicitada por Promotora Calle 47 SAS en forma reiterada ante estas entidades.
En más, Úsuga menciona que #Atila, encargada de la demolición del Aquarela, ya había conceptuado antes a Promotora Calle 47 que sí era posible la perfilación del edificio sin necesidad de la demolición y que la restitución del espacio público se cotizó por 980 millones de pesos en el año 2018, mientras que para esta ocasión el costo del desmonte total es de 11 mil millones.
“No solamente hay 956 familias cartageneras que se quedan sin vivienda, sino que además del bolsillo de los cartageneros van a pagar una demolición que no era necesaria”, añadió.
Foto EU
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